El Gobierno decidió hace un año aprobar una subida del 30% en la tasa que abonan las centrales nucleares con el fin de ajustarla a todos los costes previstos en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
Fuentes del gabinete dirigido por Sara Aagesen indicaron a Europa Press que, con relación a los recursos contra el incremento de la prestación patrimonial conocida como ‘tasa Enresa’, el Ministerio “ha recibido una reclamación patrimonial de Endesa y su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado”.
Según adelanta este martes El País, la presentación de esta reclamación por la energética dirigida por José Bogas desembocará en un informe del Consejo de Estado. Si se rechaza, como ocurre en la mayoría de los casos, la eléctrica podría abrir la vía judicial, como pasa también habitualmente con estos pleitos.
La ‘tasa Enresa’, que en realidad es una prestación patrimonial no tributaria a través de la que las empresas propietarias hacen aportaciones a un fondo con el que se abonará la gestión de los residuos y el desmontaje de las nucleares, se situó con la revisión del año pasado en los 10,36 euros por megavatio hora (MWh), un 30% por encima de los 7,98 euros/MWh que se recogía anteriormente, recoge la citada agencia.
De esta manera, se nutre a un fondo que es gestionado por la sociedad pública Enresa, encargada de los residuos radiactivos y de los trabajos de desmantelamiento de los reactores.
En febrero, Iberdrola ya interpuso una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa reclamando 324 millones de euros por la subida de esta tasa.
Y es que, cuando se firmó en 2019 el protocolo de cierre para las centrales nucleares entre las empresas propietarias y Enresa se contemplaba un incremento máximo del 20% del valor de la tarifa respecto al que en ese momento tenía y con un límite en los 7,98 euros/MWh.
Propuesta para extender la vida útil
El mes pasado ya se conoció que Endesa e Iberdrola habían presentado al gabinete dirigido por Sara Aagesen una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares.
No obstante, el Ministerio consideró que esa carta era “una declaración de intenciones” que no cumplía con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal.
En concreto, las líneas rojas delimitadas por el Ejecutivo pasan por el hecho de que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
En esta reciente propuesta de revisión del calendario nuclear, que fue firmada por Endesa e Iberdrola, pero no así por Naturgy y EDP España, los otros dos propietarios del parque nuclear español, se planteaba mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos.
De esta manera, se pedía ampliar la central extremeña de Almaraz, la primera que tiene previsto su cierre -en 2027 un grupo y en 2028 el otro- según el protocolo acordado por las empresas y Enresa, hasta 2030, lo que implicaría una bajada de la denominada tasa Enresa -los pagos para financiar el coste de gestionar los residuos y desmantelar las centrales- al dividirse la recaudación por más años de producción.
No obstante, en varias centrales, como la de Almaraz que forma parte de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación.
Ampliación de Almaraz hasta 2030
Tanto Iberdrola como Endesa se han mostrado ya claramente dispuestas a ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz, siempre que se den las condiciones propicias para ello. También Naturgy ha respaldado una ampliación de esta central hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España.
No obstante, la fiscalidad que pesa sobre la nuclear es uno de los grandes temas que las compañías propietarias piden poner sobre la mesa a la hora de abordar esta extensión.
Un estudio de EY señala que España es el único país que cuenta con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas, los cuales suponen 9,2 euros por MWh.
