El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que permanecen junto a él en Bruselas (Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín), declararán este viernes ante el juzgado de primera instancia encargado de decidir qué medidas toma tras la orden europea de detención y entrega (OEDE) que España dictó contra los políticos.
Será a las 14.00 de esta tarde en la Cámara del Consejo de Bruselas, y los cinco comparecientes declararán ante el mismo juez de manera conjunta, acompañados, según informa Europa Press, de once abogados belgas. Se celebrará a puerta cerrada y declararán en español, por lo que habrá intérpretes.
En teoría, el juez podría tomar la decisión este mismo viernes, aunque tiene un plazo de hasta diez días y lo más probable que s aplace unos días su decisión para estudiar alegaciones y compilar toda la información.
Sin embargo, los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza, aunque fuentes del entorno del expresidente catalán han descartado a Europa Press que su intención sea pedir un aplazamiento, salvo que la Fiscalía bruselense presente datos que «requieran su estudio».
Por otro lado, la Fiscalía de Bruselas, encargada de defender en la sala si las euroórdenes dictadas se ajustan a derecho y recomendar o no su ejecución, ha pedido a la Audiencia Nacional información «adicional y exhaustiva» de la «situación penitenciaria» en las cárceles españolas. En un escrito enviado a las autoridades españolas, pregunta por las “condiciones” de encarcelamiento en las prisiones del país, sobre “el tipo de tribunal” que juzgaría a los cinco acusados y sobre el “procedimiento judicial español”.
La defensa de Puigdemont y los exconsellers sostendrá ante el juez que «sin duda se trata de un caso político» y que las euroórdenes firmadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están «muy mal formuladas», han explicado a Europa Press fuentes cercanas.
También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España cumplan con el principio de «doble imposición», según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.
Y cuestionarán que ninguno de ellos «encaje» en la definición de «corrupción» que la jueza Lamela marcó en las euroórdenes en el listado de 32 delitos por los que un Estado miembro debe extraditar de forma automática a un reclamado por otro país de la Unión Europea.
Parte del equipo de abogados belga de los cinco, los letrados Michelle Hirsch y Christophe Marchand, adelantaron en declaraciones a los diarios Le Soir y Le Monde que denunciarán ante el juez que Puigdemont y sus exconsejeros son objeto de una petición de entrega «política y abusiva».
«La euroorden se fundamenta sobre el conjunto del proceso político (en Cataluña), desde la campaña electoral y su victoria hasta las decisiones políticas de nuestros clientes», sostuvo Hirsch.
Marchand, por su parte, incidió en la entrevista en que las cinco órdenes son «idénticas» a pesar de que los políticos catalanes reclamados ocuparon distintas funciones en el Govern y llevaron a cabo acciones diversas.
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