Se trata de una iniciativa que piden que se tramite de manera urgente y por lectura única, de manera que bastaría con un solo debate en Pleno para su aprobación.
En este sentido, el acuerdo entre el PSOE y el PP “incluye un calendario de tramitación de la citada proposición de reforma constitucional con el objetivo de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024”. La entrada en vigor de la reforma del artículo 49 se produciría, como en las anteriores reformas constitucionales, el mismo día de la publicación de su texto en el BOE, tal y como señala la propia proposición.
En concreto, los dos principales grupos parlamentarios de la Cámara quieren reformar el texto constitucional para que el artículo 49 recoja que “las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas” y que “se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.
Además, “los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles”. “Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”, concluirá el artículo según la propuesta que esperan que prospere.
Los dos partidos recogen en la exposición de motivos que “la Constitución Española de 1978 consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como claves de bóveda de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Una de las plasmaciones concretas de esta configuración es su artículo 49, dedicado específicamente a la protección de las personas con discapacidad”.
Sin hacer mención al término ‘disminuidos’ entonces empleado, la iniciativa firmada por Miguel Tellado y Patxi López, portavoces parlamentario de PP y PSOE, respectivamente, recoge las distintas leyes y legislación internacional aprobada al respecto desde entonces, así como que “la sociedad civil articulada en torno a las personas con discapacidad ha venido planteando a los poderes públicos la necesidad de acomodar el artículo 49 de la Constitución a la realidad social y a la normativa internacional”.
ACTUALIZACIÓN
En este ámbito, PP y PSOE consideran que “tiene una relevancia fundamental la tarea realizada por las organizaciones representativas, que desempeñan un papel esencial en el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes imponen a los poderes públicos”.
Subyaran, además, que “en el seno de la sociedad española avanza claramente el reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.
Por todo ello, ambos partidos entienden que “resulta patente que la redacción original del artículo 49 de la Constitución Española de 1978, que plasmó el compromiso del constituyente con los derechos y libertades de las personas con discapacidad, precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido, y para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como internacional».
