Ana Millán y una colega en un evento reciente. Se discute un recurso judicial.
El archivo se produjo al considerar la jueza instructora que no quedaban acreditados los delitos de los que se acusaba a la popular y al empresario Francisco Roselló. La investigación tiene su origen en denuncias de irregularidades en contratos municipales con un empresario, que también incluían presuntos pagos a la vivienda de Millán y contratos a su entorno familiar, según la Guardia Civil.
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Más Madrid solicita a la Audiencia que se revoque el archivo y que la causa continúe como procedimiento abreviado, al entender que existe base suficiente para investigar posibles delitos como prevaricación, fraude en la contratación y cohecho.
Considera que el archivo provisional decretado por el instructor supone “un sobreseimiento prematuro por estar pendientes de practicar diligencias de instrucción acordadas”.
El recurso apunta a una presunta trama entre la entonces concejal y el empresario Francisco Roselló, mediante la cual se habrían adjudicado contratos públicos por valor de más de medio millón de euros a empresas vinculadas a este último.
De acuerdo con el documento, estas adjudicaciones se habrían producido entre 2005 y 2011 desde distintas concejalías del consistorio, con una supuesta “influencia decisiva” de Millán en los procesos de contratación.
Por su parte, el PSOE sostiene que la resolución judicial impugnada no se ajusta a derecho y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la acusación popular.
El recurso señala que el archivo se fundamenta en la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular una prórroga de la instrucción, pero subraya que dicha resolución no ordenaba el cierre del caso, sino únicamente corregía un defecto de motivación, según la citada agencia.
En este sentido, el PSOE considera que el juzgado debería haber dictado una nueva prórroga debidamente justificada o, al menos, haber practicado las diligencias de investigación pendientes antes de archivar la causa.
La formación denuncia que el juzgado dejó sin efecto pruebas ya acordadas, como las declaraciones de testigos clave, pese a haber sido consideradas “útiles y pertinentes” e incluso avaladas por instancias superiores.
A juicio del PSOE, esta decisión resulta “incoherente”, ya que se cancela la práctica de pruebas destinadas precisamente a esclarecer hechos sobre los que existían indicios.
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