Así consta en las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, en las que se pide juzgar al novio de Ayuso por dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable, otro de falsificación y un cuarto de pertenencia a grupo criminal.
La petición se presenta en la fase intermedia del procedimiento después de que la jueza acordara la continuación de la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado. Esta solicitud se suma a las peticiones de tres años y medio de prisión pedidas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid.
El escrito recoge que González Amador sacó provecho económico de la pandemia del Covid-19: “Gracias a las facturas giradas por Maxwell a FCS, el importe neto de la cifra de negocios de Maxwell se vio incrementada en un 551,28% en un solo año, pasando de 357.773,87 euros en 2019 a 2.330.111,85 euros en 2023”.
Fraude fiscal
Detalla que el acusado, después de haberse lucrado en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, “urdió un sistema de defraudación para no pagar a Hacienda los impuestos derivados de los generosos beneficios que había obtenido”.
“Tras dicho incremento exorbitado de los ingresos de la mercantil, Alberto González Amador, en contra de la buena lógica contable y fiscal, ingresó en el Tesoro por el Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio de 2020 una cantidad sustancialmente menor que en el ejercicio previo”, según la citada agencia.
Expone que “las cifras son reveladoras: si en 2019 el acusado pagó a Hacienda el 1,92% del importe neto de su cifra de negocio, en 2020, quintuplicada esta cifra, apenas ingresó el 0,12% de dicho importe a la Hacienda Pública”.
