Vista del hemiciclo.
La iniciativa, impulsada por CCOO, UGT, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinos, entre otros colectivos, ha sido respaldada por Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País-Equo y Compromís.
Sin embargo, el grupo confederal se ha descolgado en el último momento de la defensa de la iniciativa, retirando su firma. Esto no ha impedido la pérdida de cupo, pero desde esta formación han explicado este hecho como gesto a su socio de coalición, el PSOE, de cara a la próxima aprobación del proyecto del Gobierno.
Y es que la iniciativa fue registrada en plenas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para intervenir los precios del alquiler, antes del acuerdo que desbloqueó una norma aún en fase de anteproyecto.
Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz de Vivienda de ERC, Pilar Vallugera, ha lamentado cómo 466.279 familias se han visto privadas de su primera vivienda, bien por desahucio del alquiler o ejecución de su hipoteca desde 2013. En un turno posterior, su portavoz, Gabriel Rufián, ha recordado que la propia Constitución mandata garantizar un acceso a la vivienda y regular para ello e impedir, literalmente, la especulación.
Mertxe Aizpurua, de EH-Bildu, se ha preguntado cómo hasta ahora, si la vivienda es un derecho, hay más de 40.000 personas en la calle sin hogar, hay 4 millones de vivienda vacía, este año ya se han ejecutado 32.000 desahucios y los alquileres suponen de media más del 40% de un sueldo medio, y hasta el 60% en el caso de los jóvenes.
«Hay dinero y hay viviendas; lo que hace falta es voluntad política de convertir un derecho en una realidad», ha aseverado Albert Botran (CUP), señalando que eso implica «enfrentarse a la banca y a los intereses de los grandes inmobiliarios».
El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que regular los precios es una necesidad no solo para la ciudadanía, sino para la propia economía, ya que las elevadas rentas inmobiliarias detran recursos que podrían ir al consumo, y favorecen negocios rentistas a actividades productivas.
Joan Baldoví, de Compromís, ha señalado que la ley no se queda sólo en la regulación de precios o la dación en pago, sino que recoge aspectos básicos como garantizar que no hay más desahucios sin alternativa o un suministro básico de energía y agua.
El PP ha recurrido al turno en contra para evidenciar su total oposición a la iniciativa y a la intervención del mercado del alquiler, ya que cree que es posible facilitar el acceso a la vivienda con las recetas seguidas por los gobiernos ‘populares’, tal y como ha asegurado su portavoz en la materia, Ana María Zurita. Además, ha instado a los grupos defensores a exigir cuentas al Gobierno por los desahucios y los problemas de acceso.
Su homóloga en Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha reivindicado la propuesta de las organizaciones sociales y ha prometido que toman «buena nota» para tratar de mejorar el proyecto del Gobierno con sus aportaciones.
El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ya había avanzado su rechazo por considerar que la propuesta de los colectivos sociales «choca frontalmente» con la del Gobierno, y su diputado Ignacio López Cano, durante el debate en el Pleno, ha asegurado que la norma vulnera el marco competencia establecido en la Constitución.
Un argumento también esgrimido por el PNV, sorprendido por cómo grupos soberanistas o autonomistas «no han sido respetuosos con las competencias», pero también con que un grupo del Gobierno haya impulsado una legislación al margen a la del Ejecutivo que forman parte.
«Cómo les han utilizado a ustedes para esto», ha ironizado el diputado de Cs Juan Ignacio López-Bas, dirigiéndose a los defensores de la iniciativa tras conocer la retirada de firma de Unidas Podemos.
Por su parte, Cristina Esteban Calonje (Vox) ha criticado la «criminalización» que a su juicio se hace en la iniciativa de la propiedad privada cuando, ha reivindicado, «la inversión en vivienda forma parte de la identidad» española.
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