Tal como ha escrito la directiva en una carta, se espera que la Comisión Europea anuncie nuevos límites de dióxido de carbono (CO2) para los vehículos el 14 de julio. Los rumores apuntan hacia una reducción del 60% para 2030 (frente al 37,5% acordado en 2019) y del 100% en 2035.
Para Clepa, medidas tan estrictas, a menos que haya un papel para los combustibles renovables reconocido en la normativa, sería de facto una prohibición de la tecnología de motores de combustión.
«Los proveedores no son los únicos que se rascan la cabeza por las consecuencias«, ha lamentado De Vries, que asegura que los talleres también estarán en riesgo o los cerca de un millón de personas que trabajan en la producción de propulsores.
Además, el número total de empleados que requieren actualización aún es mayo, debido a la transformación paralela hacia la movilidad conectada y autónoma y la creciente automatización de la producción.
«El ritmo con el que los vehículos eléctricos de batería ganan cuota de mercado se correlaciona directamente con la cantidad de puestos de trabajo en riesgo y con el momento en que este riesgo se materaliza», ha subrayado Clepa.
Según ella, los trabajos «antiguos» y «nuevos» no son fácilmente intercambiables, requieren habilidades diferentes o pueden ubicarse por completo en otro lugar.
«Esto no significa que el cambio no deba ocurrir», ha indicado, pero pide que los objetivos sean más paulatinos para «no dejar a nadie atrás».
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