El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en su comparecencia en la Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP.
El pasado 21 de diciembre la Fiscalía de Madrid daba un giro en la venta de viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a Goldman Sachs. El Ministerio Público reclamaba el archivo de la causa. Y los afectados de esta operación han salido a la calle para protestar por este cambio de criterio.
“Llevamos cinco años esperando que se haga justicia”, han lamentado los inquilinos en una concentración este martes ante los Juzgados de Plaza de Castilla. Bajo el lema ‘Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se dé carpetazo a nuestra querella’, han censurado el giro “en claro favor” a la Comunidad de Madrid.
La posición de la Comunidad de Madrid
En este sentido, los afectados vienen señalando al Gobierno madrileño. Según han alertado, el posicionamiento de Ángel Garrido ahora y antes de Cristina Cifuentes ha sido claro: “Han preferido proteger y posicionarse con las empresas de los fondos buitres al afirmar que la venta de VPO se produjo legalmente”.
De hecho, a mediados de septiembre de 2017, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA reprochó la falta de colaboración de la Comunidad de Madrid al bloquear “la entrega de informes o la cesión de peritos”.
HEMEROTECA: Los afectados por la venta de viviendas cargan contra Cifuentes por “proteger” a los fondos buitres
Una falta de acción por parte del Ejecutivo madrileño que han vuelto a denunciar en su manifestación. La portavoz de la asociación, Montse González, ha destacado que en la Comunidad de Madrid “jamás les han contestado” cuando han pedido una reunión.
“No nos vale su perdón. Tienen que rectificar”, ha aseverado. Aun así, a lo largo de la legislatura, el Gobierno autonómico ya ha manifestado su intención de no intentar recuperar las viviendas públicas que vendió Ignacio González al fondo de inversión.
Las presiones del fondo
Mientras, la portavoz de los afectados ha puesto en escena el “desgaste diario” que sufren: “No sabes cuánto de vas a tener que ir. Están todo el día mandándote correos amenazantes. Hay dejadez en las casas para que te vayas”.
Según ha completado, incluso hay sospechas de que Goldman Sachs envía “okupas de tipo violento” en estos edificios para presionarles para que se vayan.
Por el momento, aparte de esta causa que pide archivar ahora la Fiscalía, hay cinco procesos contenciosos-administrativos sobre la operación y otro caso particular llevado al Tribunal Supremo.
Similitud con la venta de la EMVS
El presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, ha apuntado que la querella criminal que presentó el PSOE y que es objeto de la Fiscalía tiene la “jurisprudencia y dictámenes suficientes” como para que se abra juicio oral. “Los afectados llevan cinco años sufriendo el acoso”, ha apostillado.
Por último, los inquilinos no han pasado por alto la reciente sentencia del Tribunal de Cuentas contra Ana Botella y su equipo por vender pisos públicos de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) a un fondo buitre. Los afectados han considerado que “se tratan de dos operaciones idénticas”.
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