Bandera Unión Europea
En el currículum que la consultora KPMG en sus encargos del sector público figura un estudio adjudicado por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) bajo el título “Evaluación de la situación financiera de las empresas estatales”.
Figura en el apartado de “mejoras regulatorias y consultoría política y estratégica” de la firma. No en vano se trata de un macro estudio que costará a Bruselas 800.000 euros, encargado hace ahora un año y que verá la luz a final de este mes.
Según el anuncio de la adjudicación, de noviembre de 2016, Bruselas quiere analizar “los retos operacionales y fiscales” sobre las arcas públicas de las empresas estatales y proporcionar una visión general de los activos del sector público de los Veintiocho, “fomentando así la adopción de mejores prácticas en materia de gestión (incluida la reestructuración y/o privatización) de la cartera de activos y la mejora de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el mercado en la UE».
“¿Utilizará la UE este proyecto para recomendar nuevas reformas estructurales o procesos de privatización en los países miembros? ¿Es este estudio compatible con la obligación de la UE de permanecer neutral en lo que respecta a la propiedad de los activos de cada país?”, cuestiona Corporate Europe Observatory (CEO).
La plataforma pro transparencia pública en las instituciones europeas pone el acento en las “perspectivas de rentabilidad” que persigue conocer Bruselas y recuerda que “KPMG es uno de los ‘Cuatro Grandes’ de la consultoría, que ofrece servicios sobre impuestos, contabilidad y auditoría a empresas y particulares de todo el mundo”.
Entre estos servicios, apunta, priman los consejos para “reformar” o “reestructurar” activos públicos de agua, finanzas y otros activos propiedad de los estados. “Mientras tanto, se posicionan para beneficiarse después” de las hipotéticas privatizaciones sobre las que han aconsejado sus técnicos, afirma CEO.
Para CEO, el encargo a la consultora debe entenderse en un contexto más amplio: recientemente la plataforma recopiló más señales sobre el ensanchamiento de las facilidades a las privatizaciones que contemplan los acuerdos comerciales CETA y TTIP; la creciente comercialización de servicios sanitarios con prisma económico y la proliferación en toda la UE de acuerdos público-privados, además de la agenda que marca el Semestre Europeo.
“Aunque aparentemente aburrido y apolítico”, se trata de un importante y controvertido proceso “mediante el cual la Comisión supervisa el presupuesto y la economía de cada uno de los 28 Estados miembros”, expone CEO.
En efecto, mediante este mecanismo la UE aporta “recomendaciones económicas y también políticas” que más tarde son validadas o modificadas por el Consejo Europeo antes de fijarse como obligatorias: si el estado en cuestión se niega a seguirlas, puede enfrentarse a sanciones, más si se infringen persistentemente.
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