El Parlamento de Portugal (Foto: Europa Press/Contacto/Hugo Amaral)
Antes de esta votación, el Ejecutivo ya había planteado endurecer la Ley de Nacionalidad, aumentando los plazos de residencia y limitando los supuestos de naturalización. Con la aprobación de esta reforma penal, Portugal se sitúa entre los países europeos que permiten retirar la nacionalidad por condenas severas, como Francia o el Reino Unido.
El texto obtuvo 157 votos a favor y 64 en contra, superando con holgura la mayoría absoluta necesaria. Respaldaron la norma el Partido Socialdemócrata (PSD) de Montenegro, el CDS-Partido Popular, el ultraderechista Chega y Iniciativa Liberal, mientras que el Partido Socialista (PS) y el Bloco de Esquerda votaron en contra.
El Gobierno portugués defendió que la medida “protege el valor de la ciudadanía” y refuerza la confianza social en el Estado de derecho
El primer ministro negó incomodidad por el apoyo de Chega y subrayó que su coalición “legisla para resolver problemas concretos de los ciudadanos”, minimizando el peso político de esa alianza circunstancial.
La enmienda introduce la pérdida de nacionalidad como sanción accesoria en casos de condena penal grave. Se aplicará sólo a nacionalizados con otra ciudadanía, para evitar situaciones de apatridia.
| Condición | Descripción |
|---|---|
| Pena mínima | Condena de prisión efectiva igual o superior a cuatro años |
| Ámbito temporal | Delitos cometidos dentro de los diez años posteriores a la adquisición de la nacionalidad |
| Requisitos | El afectado debe poseer otra nacionalidad vigente |
| Recuperación | Puede solicitarse diez años después de la cancelación de los antecedentes penales |
La pérdida de nacionalidad no será automática: deberá ser impuesta por un juez como pena accesoria, tras valorar la gravedad del delito y la vinculación del condenado con el país
El Partido Socialista denunció que el PSD cedió a la presión de la ultraderecha, que proponía que la retirada fuera automática y se extendiera hasta veinte años.
Juristas y organizaciones de derechos humanos alertan de que la norma podría vulnerar el principio de igualdad, al establecer un trato distinto entre portugueses de origen y nacionalizados. También apuntan a posibles conflictos con convenios internacionales que prohíben sanciones discriminatorias basadas en el origen.
La distinción entre “portugués de nacimiento” y “portugués adquirido” genera inquietud en el ámbito jurídico y podría acabar ante el Tribunal Constitucional
El presidente Marcelo Rebelo de Sousa aún debe decidir si promulga la ley o la remite al Tribunal Constitucional para revisión. El Gobierno confía en que sea ratificada en las próximas semanas.
La medida se suma a otras reformas recientes que endurecen las condiciones para obtener la nacionalidad:
Aumento del tiempo de residencia legal hasta diez años.
Exigencia de un nivel superior de conocimiento del idioma portugués.
Limitaciones a quienes tengan antecedentes penales o vínculos insuficientes con el país.
Portugal pasa así de un modelo de nacionalización inclusivo a uno más restrictivo, alineado con las tendencias de la Europa conservadora
Según estimaciones de la Secretaría de Estado de Justicia, más de 95.000 personas nacionalizadas en la última década podrían quedar potencialmente afectadas por la reforma si se dieran las condiciones legales.
La aprobación de esta medida marca un punto de inflexión en la política portuguesa de inmigración y ciudadanía. Si bien sus defensores la consideran una herramienta de protección institucional, sus críticos advierten que rompe el principio de igualdad ante la ley y crea categorías dentro de la ciudadanía.
Con la pérdida de la nacionalidad como sanción penal, Portugal da un paso que trasciende el ámbito judicial para situar la ciudadanía en el centro del debate político. El equilibrio entre seguridad y derechos será ahora la gran prueba de esta reforma en su aplicación práctica.
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