En primer lugar, la diputada de Podemos por Las Palmas, Noemí Santana, ha explicado que aunque ven la reforma como algo positivo, desde la formación morada se preocupan por los “recortes” a las personas mayores de 52 años que son receptoras del subsidio de desempleo. Y es que, entre otros puntos, el decreto establece que en el caso de los mayores de 52 años se mantenga el subsidio en el 80% del Iprem o 480 euros.
Pero también que se rebaje progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
“Ustedes, señores del Gobierno, nos piden que en aras de esas mejoras votemos a favor del decreto y traguemos dejando en la estacada a un colectivo en especial vulnerabilidad y que tiene difícil inserción laboral”, ha denunciado Santana.
Además, ha criticado la falta de voluntad de negociación del Gobierno que, según la diputada, “no ha tenido voluntad de sentarse y cambiar aquello que puede ser muy mejorable”. “Desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Les pedimos que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto”, ha concluido la diputada.
Por el PP, Irene Garrido Valenzuela ha denunciado el uso “abusivo” del decreto ley por parte del Gobierno. “Pedro Sánchez es el presidente que más ha recurrido a esta fórmula para sacar adelante sus iniciativas sin el debate previo en las Cortes”, ha subrayado la diputada por Pontevedra.
Pero Garrido también ha reprochado la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales que se quiere introducir con este decreto a petición del PNV. La diputada ha recordado que Yolanda Díaz rechazó este punto en la reforma laboral de 2021 y costó el voto en contra de la formación nacionalista a la misma, recoge Europa Press.
En lo que respecto a otras formaciones, tanto Bildu como Coalición Canaria apoyarán la norma, mientras que otros partidos como ERC, BNG o PNV han defendido que la reforma contiene algunos elementos positivos en materia laboral, pero han centrado su criticado el uso reiterado por parte del Gobierno de la figura del decreto ley.
