Podemos podría estar disparándose al pie gracias a la última Proposición de Ley que ha presentado en el Congreso de los Diputados. Nominalmente se trata de una propuesta que, a priori, está cargada de buenas intenciones. Sin embargo, su aplicación podría derivar en un control administrativo de infracciones que deberían estar en manos del Poder Judicial. Una suerte de ‘ley mordaza’.
Esa es la denuncia que hacen la mayoría de expertos en materia legislativa y judicial. Podemos ha planteado una proposición que camina “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, particularmente en internet y las redes sociales.
Una propuesta que nace de la sensibilidad de ofrecer mayor protección hacia las ofensas para estos ‘colectivos’. Para ello, baraja una serie de artículos entre los que detalla las infracciones leves, graves y muy graves.
El bufete Almeida resume algunas de esas infracciones y su postura contraria a la práctica de la propuesta.
https://twitter.com/bufetalmeida/status/862944417430331394
El bufete, como otros varios representantes del sistema judicial español, ha explicado que los conflictos entre libertad de expresión y otros derechos deben ser competencia exclusiva del Poder Judicial, y no de la Administración. “Determinar dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el odio no debe decidirlo un funcionario administrativo, sino la judicatura”, sentencia.
La proposición de Podemos recoge las sanciones correspondientes a cada tipo de infracción. Las multas oscilarían hasta los 45.000 euros, en caso de las más graves.
Por otro lado, el partido morado pretende legislar sobre una realidad que ya está recogida en el Código Penal en la categoría de ‘delito de odio’.
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