Unidos Podemos quiere que Dolors Montserrat se sume a la lista de ministros del Gobierno reprobados por el Congreso. Un ‘título’ que tienen, entre otros, Rafael Catalá y Cristóbal Montoro. La portavoz de este grupo, Irene Montero, ha anunciado este miércoles la presentación de una solicitud de reprobación a la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por estar “jugando con la vida de los españoles y españolas”.
Montero, en una rueda de prensa en el Congreso, ha denunciado públicamente que Montserrat no ha puesto en marcha ni una sola medida legislativa del Pacto de Estado contra la violencia de género. Y eso que han pasado ya seis meses, o lo que es lo mismo, 181 días, desde que se aprobó. Desde entonces se han producido “más de 35 feminicidios” y Sanidad “no ha impulsado ni una sola medida legislativa” para frenar este drama.
“Es absolutamente irresponsable”, ha señalado la portavoz de Unidos Podemos, que ha destacado que esto “demuestra que para el Partido Popular este Pacto es papel mojado”. Un Pacto de Estado que “sigue sin tener ni calendario ni presupuestos”. Para Montero “es escandaloso que los 200 millones de euros que se presupuestaron para el ejercicio del 2017 y se prometió ejecutar en 2017 todavía no han llegado”.
Algunas de las medidas que no se han ejecutado se refieren a la modificación de la normativa para acreditar a las víctimas de violencia machista, así como a las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Todo esto son “motivos suficientes”, ha sostenido Irene Montero, para exigir la dimisión de Dolors Montserrat, pero “como sabemos que la norma de M. Rajoy es que uno no se mueve del escaño ni con agua caliente vamos a pedir su reprobación”.
Unidos Podemos también se ha hecho eco del ‘fichaje’ por parte del Ministerio de Sanidad de Carolina González-Criado, subdirectora general de Farmacia de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. A González-Criado, según explica desde la formación morada, le imputan un doble delito de homicidio imprudente y prevaricación por los retrasos en los tratamientos de la hepatitis C que causaron la muerte a seis pacientes.
Ángela Rodríguez, diputada del grupo, ha defendido que “no es asumible que una persona imputada por seis homicidios y prevaricación sea idónea para un puesto de esta responsabilidad. Y menos para volver a gestionar fármacos y cuestiones sanitarias”. En su opinión, “la gravedad de la decisión del Gobierno de Rajoy y Dolors Montserrat es tremenda”. Ante esto han registrado una batería de preguntas al Ejecutivo para que dé explicaciones sobre esta decisión.Sa
