Derechos Sociales remarca que el real decreto de respuesta a los efectos socioeconómicos de la guerra fue aprobado el pasado marzo y contiene una serie de “medidas ambiciosas” de corte económico y social para garantizar la protección de población vulnerable, entre las que destacan la subida del Ingreso Mínimo Vital, la limitación de la subida del alquiler al 2% o la limitación de despidos para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo.
En este sentido y ante la evolución de la inflación, aún en niveles elevados, según han explicado a Europa Press fuentes de este departamento, defiende que este paquete de actuaciones debe prorrogarse, al menos, hasta el 31 de diciembre del presente año.
No obstante, el Ministerio que dirige Belarra ve necesario complementar este conjunto de medidas con otras tres propuestas adicionales e incorporarlas al actual real decreto para elevar la cobertura de la población más vulnerable ante los efectos de la subida de los precios energéticos.
De estas propuestas destaca una considerable reducción de los precios del transporte público en todo el país, combinada con el descuento a los precios del carburante. En este sentido, demanda la creación de un fondo de ayuda a municipios y comunidades para facilitar el acceso a los medios de transporte públicos colectivos a un coste reducido, que a su vez reportaría un ahorro de energía.
Un fondo que, de forma análoga a la medida impulsada por Alemania, permitiría reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y autonomías.
Por otro lado, reivindica extender con “carácter inmediato” la actualización de las pensiones contributivas al IPC, adelantando esa revalorización en la nómina de julio. De esta forma, razonan desde Derechos Sociales, se conseguirá que las pensiones “más bajas” puedan hacer frente al aumento de precios sin esperar a final de año y evitar que durante esos meses sus beneficiarios sufran una “merma de su capacidad adquisitiva”.
Por otro lado, plantea una modificación del bono social eléctrico, que lleva demandando desde hace tiempo, para ampliar al volumen de beneficiarios, agilizar el acceso a esta ayuda y regular su aplicación desde el “principio de precaución” para que, ante una situación de impago, la empresa suministradora “deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente antes de emprender cualquier acción”.