Unidas Podemos continúa presionando al PSOE para aplicar de nuevo la prohibición de corte de suministros básicos a población vulnerable y, en este sentido, propone obligar a las grandes empresas energéticas que soliciten a los servicios sociales un informe vinculante que acredite esa condición a familias afectadas.
Con ello, según han explicado a Europa Press fuentes de Unidas Podemos, tratan de desbloquear la recuperación de esta medida que ya se incluyó en el denominado ‘escudo social’ ante el Covid-19 replicando el mismo sistema acordado para la suspensión de desahucios, que pauta la obligatoriedad de disponer de un informe de vulnerabilidad por parte de servicios sociales. Con ello, se prohibiría dejar de suministrar agua, luz y electricidad si el documento acredita esa vulnerabilidad.
Y todo ello ante la «negativa reiterada» del Ministerio de Transición Ecológica a articular de nuevo esta prohibición, que dejó de estar vigente a finales de septiembre, pese a que desde la formación morada se reclamó su prórroga.
«No podemos hablar de vivienda digna si no garantizamos agua, luz y gas a las familias», han desgranado las citadas fuentes para insistir en que llevan semanas trabajando para «convencer» al departamento que dirige Teresa Ribera de la necesidad de impedir cortes de suministros mientras dure el estado de alarma, pues es una medida complementaria a la suspensión de desahucios.
Además, Unidas Podemos ha marcado como «imprescindible» que las grandes empresas energéticas del país, con «beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia» y se «corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad».
En opinión de la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, «en pleno invierno no se puede hablar de una vivienda digna si no se garantiza también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar».
La reactivación de la prohibición de corte de suministros está siendo un punto de tensión entre los socios de coalición, al igual que el remate final sobre el decreto antidesahucios. De hecho, el lado morado del Ejecutivo buscaba agrupar ambos asuntos pero finalmente se desligaron para desatascar en primer lugar la suspensión de desahucios.
Además, el planteamiento de Transición Ecológica de explorar ampliar el denominado bono social eléctrico no satisfacen al socio minoritario en el Gobierno, que exige la prohibición con este informe vinculante de vulnerabilidad.
Decreto antidesahucios
En cuanto a desahucios, Unidas Podemos aspira en la negociación a sacar del futuro decreto la compensación económica con cargo al presupuesto público a grandes tenedores de vivienda (bancos y fondos de inversión), aspecto que planteaba introducir el PSOE alegando que otorgaba seguridad jurídica a la medida.
De hecho, afeaban al PSOE que este punto había retrasado su aprobación en Consejo de Ministros aunque la propia Belarra apuntaba ayer a que «muy probablemente» podía presentarse el decreto la semana que viene.
Mientras, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, explicó ayer que el real decreto para prohibir desahucios que está preparando su departamento no plantea la necesidad de compensar económicamente a los grandes propietarios cuando se paralice un desahucio, pero sí deben estudiar cómo hacer frente a sus posibles reclamaciones por no poder disponer de las viviendas que les pertenecen durante ese tiempo.
