El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent,
Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), el PNV, Bildu, Junts, Más País, Compromís, BNG y la CUP han exigido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez depurar responsabilidades sobre el supuesto espionaje al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre lo que denominan «las cloacas del Estado», en alusión a las informaciones relativas al ‘caso Villarejo’.
Según una investigación de El País y The Guardian, el móvil del presidente del Parlament fue objetivo de un programa espía en 2019, que bajo el nombre de Pegasus fue desarrollado por la compañía israelí NSO, y que sólo se vende a Gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.
Siempre según esta información, el teléfono del político republicano atacado con Pegasus entre abril y mayo de 2019 a través de un fallo de seguridad de WhatsApp, que abrió la puerta a la instalación del programa en 1.400 móviles en todo el mundo.
En una declaración leída ante los medios de comunicación en el Congreso, los partidos firmantes han denunciando la gravedad de los hechos y han exigido que se investiguen «hasta el final» porque consideran «intolerable» el uso «por motivos políticos» del programa espía Pegasus para «perseguir a la disidencia» e «impropio» de un Estado democrático y de derecho.
«Una vez más, las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales», subrayan las mencionadas fuerzas políticas, para añadir que «no es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos».
En este punto, recuerdan que el Congreso ya constató la existencia de una «policía patriótica», con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, dedicada a «atacar» a los rivales políticos y «que contaba con su brazo mediático y su brazo judicial».
«No nos resignaremos a vivir en un Estado donde te pueden espiar en función de tus ideas políticas», proclaman en su declaración, en la que apuntan que en una sociedad que se pretenda democrática «no puede tener cabida la persecución de rivales políticos con el uso de métodos ilegales».
Por todo ello, exigen al Gobierno que investigue los hechos, que «depure responsabilidades» y adopte medidas «drásticas» para garantizar que «nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político».
Además, proponen que el Congreso investigue nuevamente la existencia de «las cloacas del Estado, también en su dimensión mediática», en el marco de una comisión «amplia» en la que puedan comparecer «todos los implicados». «No dejaremos de exigir responsabilidades. Nunca normalizaremos prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales. Es una exigencia democrática», concluyen.
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