12-11-2021 Una torre eléctrica de alta tensión, a 12 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% en octubre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 5,4%, casi 1,5 puntos por encima de la tasa de septiembre y su nivel más alto en 29 años, debido el encarecimiento de la electricidad y de las gasolinas. Con el dato interanual de octubre, el más elevado desde septiembre de 1992, el IPC encadena su décima tasa positiva consecutiva. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press
El rechazo del PSOE se une al del PP, Vox, Ciudadanos y el PNV. Únicamente Esquerra Republicana, EH-Bildu, Compromís, Teruel Existe y el BNG han avanzado su respaldo a tramitar la iniciativa, que será tumbada por el Pleno de la Cámara Baja en su primera votación.
Echenique ha justificado su acusación a las grandes eléctricas recordando las multas por manipulación de precios, el vaciamiento de embalses para maximizar beneficios, la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por el ‘caso Villarejo’ o la amenaza de cierre nuclear anticipado al Gobierno hace unos meses.
Por su parte, su portavoz de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde ha reivindicado que un bien público como el agua «sea gestionado desde lo público y el beneficio público» con la reversión de estas centrales, por lo que cree que su propuesta es «de puro sentido común», recordando que España es de las excepciones de la OCDE en no contar con una gran energética pública.
La propuesta del grupo confederal es agrupar las concesiones hidroeléctricas que vayan caducando en esta compañía, crear un registro público para planificar esta recuperación, impulsar con ella nuevas instalaciones de energía renovable y coordinar la empresa con otras comercializadoras públicas.
Su homólogo en el PSOE y socio de Gobierno, Germán Renau, ha defendido que es posible actuar contra la pobreza energética y conseguir precios más baratos con un marco regulatorio adecuado, sin una empresa pública, recordando que otros países con una gran energética pública han superado a España en sus precios de electricidad.
José Alberto Herrero Bono, del PP, ha asegurado que una empresa pública «no es, ni de lejos, la solución» a la escalada de precios, con reversión de centrales en un plazo de 20-35 años, una situación en la que también ha incidido Idoia Sagastizabal, del PNV, que se ha preguntado si cubrir los costes servirá para garantizar energía asequible.
En todo caso, sí han defendido ambos una regulación para la energía hidráulica, el PP para su reserva estratégica como tecnología de respaldo, y el PNV para su gestión a las órdenes del operador, poniendo el foco no en la rentabilidad, sino en el momento de su generación.
Por ERC, Joan Capdevila ha recordado que en mayo cumple el compromiso del Gobierno de llevar una nueva reforma del sector eléctrico –«Y ni hemos oído hablar de borradores», ha incidido–, invitando a Unidas Podemos a «hacer propaganda con cosas menos serias», mientras que Bildu ha lamentado la falta de acuerdo entre socios, que condena al fracaso la iniciativa.
Por su parte, Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha incidido en el papel que han jugado estas instalaciones hidroeléctricas en la despoblación, y en la necesidad de que la reversión de las mismas a los poderes públicos corrijan estos efectos.
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