Así lo ha desgranado en rueda de prensa la coportavoz estatal y responsable de la formación morada, Alejandra Jacinto, para poner de relieve que la norma respeta el marco competencial de las autonomías, frente a lo que cuestiona la enmienda aprobada del vocal Enrique Lucas contra al informe elaborado por su homólogo progresista Álvaro Cuesta.
Concretamente, ha reprochado que este asunto se ha usado como «coartada» para provocar un retraso «injustificable de la norma» y que el CGPJ se ha «extralimitado» en sus competencias, dado que su pronunciamiento debería haberse ceñido al cambio dentro del Código Civil para prohibir desahucios sin alternativa habitacional.
En consecuencia, ha enfatizado que el informe del CGPJ es «preceptivo» pero no «vinculante» y ha confiado en que el PSOE siga con ellos en la aprobación de esta normativa para hacer frente a la «emergencia habitacional» del país.
De hecho, ha recalcado que la normativa, que fue aprobada el 27 de octubre en Consejo de Ministros en primera vuelta, debería haberse remitido antes al Podemos Judicial, sobre el mes de noviembre en lugar de diciembre. Preguntada por esa dilación, Jacinto ha dicho que esa cuestión debe aclararla la titular de Transportes, Raquel Sánchez.
Durante su comparecencia, la coportavoz de Podemos ha expresado que están «francamente preocupados» por este giro de «180 grados» en el CGPJ, que ha pasado de una propuesta favorable a la normativa, con incluso propuestas de mejora que podían incorporarse al texto, a un rechazo que hace cuestionar su imparcialidad.
Una situación que, a su juicio, pone de manifiesto que en materia de vivienda hay dos polos, la defensa de su consideración como derecho humano por parte de los colectivos sociales y el bloque de investidura, frente a «algunos sectores de la Judicatura», el «lobby del ladrillo» y los «especuladores» al generar un «retraso evidente» a una ley que garantizará bajada de alquileres, la movilización de vivienda vacía, la movilización de un parque público de pisos y el freno a los desahucios sin alternativa habitacional.
También ha reprochado que el CGPJ tampoco cumple los plazos legales que debía haber seguido y que entrar en disquisiciones sobre el impacto competencial de la norma supone una extralimitación de funciones que «no debería tener cabida». Es más, ha recalcado que medidas como la regulación del precio del alquiler va en la línea de las actuaciones emprendidas por la Generalitat catalana y valenciana.
Finalmente, Jacinto ha apuntado que la Ley de Vivienda debería retomar su tramitación en febrero y ha opinado que existe margen para mejorar el texto en el Congreso, como han manifestado socios parlamentarios del Ejecutivo y colectivos sociales, sin perjuicio de que esta norma ya consagra la vivienda como un derecho. Lo relevante, ha concluido, es que se obtenga un texto legal lo «más garantista posible» y que salga cuanto antes.
Una de las aspiraciones del grupo parlamentario de Unidas Podemos es conseguir reducir a tres meses el periodo de tránsito desde la aprobación de la normativa hasta la entrada en vigor del sistema de índices de referencia para regular los precios del alquiler, en lugar de los 18 meses que se fija ahora en el texto como ‘vacatio legis’.
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