Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
La formación morada ha calificado de «máxima gravedad» que el Gobierno haya iniciado la expulsiones de este grupo de demandantes de asilo, tras varias semanas «retenidos» en el aeródromo, y avanza que su secretaria general, Ione Belarra, acudirá a la terminal 1 para tratar de reunirse con los que aún permanecen en Barajas y sus familiares.
Podemos ha denunciado que distintos «cargos socialistas» están maniobrando para que estas deportaciones se realicen «sin testigos y sin posibilidad de escrutinio» por parte de cargos electos.
Así, recuerdan que a la propia Belarra y a sus eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra se les ha denegado el acceso a la sala del aeropuerto para solicitantes de asilo, ante denuncias de que no había las adecuadas condiciones higiénicas y sanitarias, y que pidieron amparo por ello ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta de la Comisión de Interior, la socialista María Carmen Castilla.
Según la versión de la formación morada, la presidenta de la Comisión planteó la opción de organizar una visita a esas instalaciones la próxima semana, algo que era «inaceptable» para Podemos que demandó cursar la entrada en dicho recinto lo antes posible. Una petición que, según alegan, no recibió respuesta.
Una vez que las deportaciones de saharauis se han iniciado, el partido acusa a Interior y a estos cargos del PSOE de actuar para impedir que los diputados hablaran con los demandantes de asilo y las expulsiones se produzcan «en la más absoluta impunidad».
Por todo ello, han exigido que se paralicen las devoluciones que aún no se han efectuado y creen que el Gobierno vuelve a mostrar «complicidad» con la «dictadura marroquí». «Las políticas migratorias de (Pedro) Sánchez son indistinguibles de las que aplicaría un Gobierno del PP», han zanjado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció que los solicitantes de asilo en el aeropuerto madrileño que alegaban ser saharauis perseguidos serían «deportados» si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente.
También defendió que Interior tiene una «comunicación, coordinación y cooperación permanente» con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para estudiar «individualmente» cada petición de asilo «en caso de que proceda» el reconocimiento de protección internacional o, en caso contrario, autorizar las expulsiones.
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