Trabajador
“Contar con un empleo ha dejado de ser sinónimo de integración y bienestar”, según la encuesta que la Fundación Foessa ha realizado en 11.655 hogares de todas las Comunidades Autónomas y en las que se pone de manifiesto que “el 12,3% de la población que está trabajando se encuentra en situación de exclusión social, y el 2,1% en condiciones de pobreza severa.
El dossier “La vulneración del derecho al trabajo decente: empleo y exclusión social” que ha realizado esta fundación vinculada a Cáritas alerta que aunque “históricamente el empleo se ha considerado un excelente factor de protección frente a situaciones de pobreza y exclusión” y “años atrás, la línea que separaba a las personas empleadas de las paradas suponía una diferenciación clara; quien trabajaba contaba con garantías de ubicarse en el espacio de la inclusión y quien no lo hacía se acercaba al abismo de la exclusión”, ahora las cosas han cambiado, ya que la mitad (52%) de las familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de integración plena, lo que evidencia una calidad del empleo insuficiente para cubrir las necesidades de los hogares.
El informe avisa que en la actualidad “hay un grupo numeroso de personas que, a pesar de estar activas deambula por el espacio de la exclusión social, probablemente como consecuencia de un empleo que combina bajos salarios, parcialidad indeseada y una temporalidad que provoca una entrada y salida recurrente del empleo”.
El informe explica que “la jornada parcial indeseada es uno de los grandes motores que arrastran a la población activa a este tipo de situaciones”. Cuando se pregunta al grupo de personas con contratos a tiempo parcial cuál es la razón principal por la que no ha desarrollado un trabajo a tiempo completo, el 51,7% afirman que se debe a no haber podido encontrar un trabajo de jornada completa. Si centramos el análisis en este colectivo, el de las personas con jornada parcial indeseada, las cifras de exclusión se disparan hasta el 32,8% y las de pobreza severa hasta el 7,7%.
La temporalidad se presenta como otro gran motor de exclusión. Así, la exclusión afecta al 23,6% de las personas que cuentan con un contrato temporal, mientras que esa cifra se reduce hasta afectar al 9,5% de la población con contrato indefinido. Esto implica que el hecho de contar con un contrato temporal multiplica por 2,5 la probabilidad de caer en situaciones de exclusión.
El informe detalla que más allá de los escenarios estrictos de pobreza y exclusión, hay otras situaciones que viven los hogares y que ahondan en las consecuencias de una precarización del empleo. Las dificultades de las familias cuyo sustentador principal está trabajando para llegar a fin de mes inciden en la idea de que el empleo ha dejado de ser un protector plenamente eficaz contra la exclusión.
Así, el 36,2% de los hogares con sustentador principal empleado se han visto obligados a reducir gastos en vestimenta, alimentación o suministros del hogar. Una estrategia que, a pesar de ser desarrollada por más de un tercio de estos hogares, sin embargo, no ha sido suficiente para aliviar las economías de las familias hasta el punto de que el 17,1% de las mismas han tenido que recurrir a ayudas económicas externas ya sean de familiares o de instituciones
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