En un escrito presentado este martes, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, Plus Ultra ha defendido que es «manifiestamente imposible» que se hipotequen sus aviones y ha confirmado que «no es titular registral de ninguna aeronave sobre la que poder trabar una hipoteca mobiliaria ni ningún otro tipo de garantía», algo que asegura no es «atípico o inusual».
Según ha precisado, «desde hace años» es «habitual» que las compañías aéreas no tengan aeronaves en propiedad sino bajo «régimen de alquiler operativo».
La compañía, además, ha criticado la solicitud del PP, que ejerce acusación popular en la causa, y la ha tachado de «extravangante» por no haber hecho «ni una sencilla búsqueda» en internet para informarse.
A su juicio, la medida requerida por la formación liderada por Pablo Casado «carece del más mínimo fundamento o justificación respecto a la concurrencia de los presupuestos legalmente establecidos para su adopción y resulta manifiestamente contraria al criterio expresamente manifestado por ese Juzgado».
En este sentido, la aerolínea ha insistido en que «en el presente momento procesal resulta de todo punto improcedente la adopción de la medida cautelar interesada por el PP, así como de ninguna otra similar».
En el marco de su escrito, Plus Ultra ha reprochado al PP que no aporte «ni un solo dato, información o prueba adicional que permita o que justifique un cambio en el criterio nítida y expresamente manifestado por ese Juzgado, limitándose a solicitar, sin mayor sustento una nueva medida cautelar de idéntica naturaleza a la desechada por el Juzgado».
La compañía aérea ha subrayado que hasta ahora en el procedimiento no se le ha atribuido ningún indicio de actuación ilícita y ha defendido que existen «extraordinarios y exhaustivos mecanismos de control establecidos en los contratos en los que se articularon los préstamos concedidos» que «aseguran de forma más que suficiente la devolución» del dinero.
El pasado 18 de agosto, el Juzgado pidió a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a Vox y a los investigados en el procedimiento que se pronunciaran sobre la propuesta del PP de «acordar la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo» la aerolínea.
El escrito de Plus Ultra llega al Juzgado después de que el pasado 9 de agosto el magistrado Jaime Serret –en funciones de guardia– acordara desbloquear el pago de 34 millones de euros que correspondían al segundo tramo del rescate a Plus Ultra. La decisión fue recurrida por Vox, que también ejerce como acusación popular.
El juez consideró que la suspensión de la entrega del préstamo participativo podía «suponer el riesgo de insolvencia definitiva» de la aerolínea, lo que la obligaría a dejar de operar y crearía «un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».
En aquella ocasión, el juzgado aseguró que aunque «todavía no se ha producido ningún perjuicio a la Administración», se investiga la «hipótesis de haber entregado estos préstamos a una empresas en crisis sin ninguna posibilidad» de devolver los importes adquiridos.
Señaló, además, que por ahora «no hay indicios objetivos» del delito de fraude en la obtención de ayudas públicas ni de cohecho ni de tráfico de influencias, «salvo las alegaciones de las acusaciones populares».
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