La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha lamentado que el PSOE está intentando imponer en la Moncloa el «documento transfóbico» que envió a integrantes de la formación y en el que muestra su posición en contra de la autodeterminación de género.
«Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos», recoge el texto socialista. En este documento también se muestra «contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres» y acaba cargando contra «la autodeterminación sexual».
Cambrollé cree que al PSOE se le «está cayendo la careta» con el colectivo trans, yendo, además «en contra» de la sentencia del Tribunal Constitucional que determinaba que requerir informes médicos o psicológicos a las personas transgénero «atenta contra la dignidad y los derechos humanos» del colectivo; e incluso en contra de las 11 leyes autonómicas ya existentes en esta materia.
También ve como «una gran contradicción» que «un partido que presume de europeísta» se «tape los oídos» antes las múltiples directivas del Consejo de Europa en las que se invita a los gobiernos a acabar con la discriminación de los trans y a impulsar la libre de autodeterminación de genero.
NO ES UNA LEY DE MÁXIMOS
La presidenta de la Plataforma Trans, critica que los socialistas estén usando la «demagogia» y los «argumentos manidos» para criticar la Ley Trans del Ministerio de Igualdad, cuando dicen que hay inseguridad jurídica y que temen que pueda ser llevara al Constitucional.
«Inconstitucional es que no tengamos derecho a trabajo o que seamos tratados como enfermos, y me parece una afrenta muy grave contra la infancia, ya que esta Le Trans emana de la Ley de Protección del Menor y de la Carta Internaciones por los Derechos del Niño», ha declarado Cambrollé, en declaraciones a Europa Press.
Además, ha explicado que la norma ha sido valorada positivamente por una de las personas «más autorizadas en derecho constitucional» como es el catedrático de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo.
«Ni siquiera es una ley de máximos», ha apuntado Cabrollé, que ha explicado que el colectivo podría haber exigido que el texto incluyera «una reparación histórica» de las víctimas de discriminación durante la dictadura y la democracia, con un subsidio para que «puedan vivir con dignidad».
