Luis Planas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abierto este lunes la puerta a la posibilidad de adoptar medidas complementarias de bonificación o incentivo en el sector agrario si se consideran necesarias tras analizar el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como se hizo «en ocasiones anteriores».
Planas se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, horas antes de la reunión de la mesa de diálogo agrario que tendrá lugar esta tarde en Madrid con la participación del Gobierno de España, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja); la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Preguntado por las reticencias expresadas por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ante el efecto que la subida del SMI a 900 euros el año pasado puede estar teniendo en los datos de empleo en el sector agrario en regiones como la extremeña, Planas ha asegurado que ha hablado con Fernández Vara y ha defendido que sus palabras fueron «un poco sacadas de contexto» porque «nunca puso objeción a la subida del SMI como tal, un compromiso social y político de este Gobierno».
«Nadie piensa que el salario del trabajador del campo tenga que ser diferente al del sector servicios ni de un territorio de España a otro, algo que iría contra el principio constitucional de igualdad entre todos los españoles», ha asegurado el ministro de Agricultura, que ha admitido que la subida del SMI «condiciona» la actividad agraria junto a otros aspectos como el precio del agua o de los fertilizantes.
En cualquier caso, Planas ha recordado que la subida del SMI tiene un «aval muy fuerte» al contar con el apoyo del Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT y ha señalado que «habrá que ver qué consecuencias tiene y si hay que tomar alguna medida complementaria de bonificación o incentivo como en ocasiones anteriores se hará».
Sobre la mesa de diálogo agrario que se pone en marcha esta tarde, Planas ha asegurado que el objetivo es acordar contenidos, métodos de trabajo y calendario para hacer frente a toda la problemática del sector, que sufre de manera directa aspectos como «precios muy volátiles, la negociación de la nueva PAC o los aranceles de Estados Unidos», cuya solución exigirá «un esfuerzo conjunto de todos, mucho diálogo y mucho trabajo conjunto para poder salir adelante».
«Nuestros agricultores y ganaderos tienen razón, se merecen este apoyo y el conjunto de la sociedad tiene que dárselo», ha subrayado el ministro, que ha rechazado que se pueda hablar de «un problema de una determinada categoría de agricultores más grandes o más pequeños, porque en el campo como en todas partes hay gente que está ganando dinero bien, gente que está muy justa y gente que lo está pasando mal, y la inmensa clase media de la agricultura y la ganadería española merece un apoyo en línea con lo que está sucediendo en Francia y Alemania, donde se están planteando problemáticas muy similares a la que hoy tenemos en España».
En su opinión, al margen de incidencias climatológicas como las sequías o los recientes temporales, el principal problema del sector se centra en el hecho de que «hay demasiados productores vendiendo individualmente frente a pocos compradores que lo hacen de forma mancomunada y tienen más posibilidades y fuerza a la hora de fijar condiciones». «Ahí tenemos que ayudar a todos los pequeños agricultores», ha subrayado.
Por otro lado, Planas también se ha referido a la reunión que mantendrá el próximo jueves con el sector del aceite de oliva, con el que el Ministerio está «volcado en buscar soluciones». El ministro ha confiado en que el hecho de la tercera licitación del almacenamiento privado alcance las 170.000 toneladas «sea un factor de regulación para ver si conseguimos estabilizar y que suban un poco los precios».
No obstante, ha advertido de que «esta medida de por sí no va a solucionar todos los problemas del sector», sino que «hace falta aumentar nuestros consumidores y compradores en España, la UE y en otros mercados».
También ha adelantado un nuevo decreto de calidad y trazabilidad para dar seguridad y estabilidad al sector y ha animado a las cooperativas, que controlan dos tercios de la producción de aceite de oliva de España, a «jugar un gran papel con el almacenamiento voluntario y otras medidas».
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