Audiencia Nacional
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral por el denominado «caso Ausbanc» al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras siete personas acusadas en este procedimiento.
Están acusados de formar parte de una red de extorsión que funcionó también en el caso Nóos, supuestamente para retirar la acusación de la infanta Cristina y que no fuese al banquillo en la causa por la que ya cumple pena de cárcel su marido Iñaki Urdangarín.
En un auto, en el que recoge los escritos de acusación presentados, el magistrado abre también juicio oral contra un total de 26 sociedades como responsables civiles subsidiarias, entre ellas la Asociación de Usuarios y Servicios bancarios Ausbanc España o el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias.
La resolución acuerda mantener la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza de Luis Pineda y la libertad con medidas cautelares para el resto de los acusados. Sobre el presidente de Ausbanc, sociedad desde la que se vehiculaban estas supuestas extorsiones, también recaen acusaciones por un delito de estafa, contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él casi 120 años de cárcel. Solicita 25 para Bernard y 12 para López Negrete.
Las acusaciones, además de la Fiscalía de la AN, incluyen a BBVA y a Podemos como acusación popular de la que también forman parte el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y la plataforma de consumidores Facua.
También concurre el propio Instituto Nóos como acusación popular, un abogado de la propia Ausbanc, Alfredo Martínez Muriel, y el presidente de Credit Services, Francisco Javier López Pérez.
El magistrado requiere en su auto a los acusados y a los responsables civiles para que en el plazo de 15 días, a través de su representación procesal, manifiesten relación de bienes y derechos de los que sea titulares «con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias».
Además, concede de plazo hasta el 28 de septiembre para que los acusados y los responsables civiles subsidiarios presenten sus escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas.
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