Los programas electorales de los partidos no han terminado de convencer en el entorno sanitario. Por el momento, las voces autorizadas que han valorado lo redactado coinciden: falta concreción y se echan de menos soluciones a problemas que están latiendo en la sanidad pública.
“No se da respuesta a todas las necesidades y demandas de los ciudadanos, así como del SNS y sus profesionales”. De esta manera, el Sindicato de Enfermería (SATSE) resume las conclusiones tras el “análisis pormenorizado” de los programas. De hecho, a lo largo de los últimos días las críticas se han ido pronunciando.
Mónica Alloza, coordinadora de delegados del sindicato médico AMYTS, lamentó que se esté usando a la sanidad como un “elemento electoral del que solo se acuerdan en campaña” y con medidas muchas veces “populistas”. En declaraciones a La Sexta, también reprochó que hay problemas como la temporalidad que nadie ataja.
Mientras, la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública (CAS), que organiza una marcha contra las listas de espera este mismo jueves, censuran “la calculada falta de concreción de todos los partidos y la ocultación de los mecanismos legales que vienen permitiendo la privatización de la sanidad desde hace tres décadas”.
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En este sentido, recuerdan que en el programa del PSOE “no dedican ni un solo párrafo a la privatización de la sanidad”. Por su parte, en el de Unidas Podemos, CAS celebra que se mencionen medidas “urgentes para proteger este patrimonio común frente a su privatización”.
Sin embargo, la coordinadora apunta que “si Podemos quiere frenar la privatización debería defender públicamente la derogación de la Ley 15/97”. “Parecen haberse olvidado de dicha derogación”, completan en CAS aunque se prometa la “eliminación de los conciertos en el ámbito sanitario”.
Otra dura crítica ha salido desde el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles. En palabras a Redacción Médica, resume que con los programas “al final no sabes lo que dicen y tenemos la sensación de que nos quieren engañar”.
De hecho, la única medida que aplaude es la de aumentar el gasto sanitario hasta el 7,5% (actualmente está al 6%) del PIB que sale desde la formación morada. Desde el lugar de la Enfermería, SATSE continúa su análisis hablando de “luces y sombras”. Entre los aciertos, el sindicato identifica el compromiso de Ciudadanos de reducir la carga asistencial en la profesión.
En el PSOE, la Enfermería ve con buenos ojos que se incluya la mejora de los recursos existentes, de las condiciones de los trabajadores, así como que se centre la atención en las adicciones especialmente con los adolescentes y los jóvenes. “Insistimos en la necesidad de contar con una enfermera, al menos, en cada centro educativo”, matizan en SATSE.
Respecto al programa que defiende Pablo Casado, la organización sindical “valora positivamente el compromiso de impulsar de modo integral el desarrollo profesional de la Enfermería” y que se coincida en mejorar la seguridad de los profesionales para prevenir las agresiones.
En todo caso, el Sindicato de Enfermería muestra su rechazo a la intención del PP de avanzar en la farmacia comunitaria: “Supone una privatización encubierta de la sanidad pública que beneficia únicamente a los empresarios farmacéuticos en su interés por aumentar sus ingresos económicos”.
En las filas de Unidas Podemos, SATSE asegura coincidir con ese incremento del gasto sanitario que avalan los médicos.
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En cuanto a las “sombras” que identifican las profesionales, echan en falta que los partidos “no se muestren sensibles a la demanda y opinión generalizada de los ciudadanos sobre la necesidad de garantizar por Ley la seguridad en la atención sanitaria, promoviendo una ratio adecuada de pacientes por cada enfermera o enfermero”.
A pesar de todo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ya marcó una línea roja la semana pasada: que la ciudadanía vote “por aquellos partidos que se proponen recuperar, promover y consolidad una sanidad pública de calidad, universal, gratuita en el momento del uso y basada en la provisión pública”.
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