La sanidad no parece estar centrando el debate político en plena campaña electoral. Sin embargo, los distintos colectivos en defensa de la sanidad pública no quieren pasar por alto el periodo electoral. Así, a escasos tres días de las elecciones generales, se celebrará la 4ª jornada de lucha estatal contra las listas de espera.
La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública (CAS) ha llamado a la movilización el 25 de abril para arrancar un compromiso: “Es posible enfrentar el problema de las listas de espera y reducirlas en gran parte, incluso con menos gasto sanitario”.
Una advertencia que, por ejemplo, en Madrid lanzarán en forma de manifestación a las 19:00 horas desde la Consejería de Sanidad hasta la Puerta del Sol y que replicarán en itras diez comunidades autónomas (este lunes 22 se conocerán las localidades).
En la anterior ocasión, en enero de 2018, 26 ciudades del país salieron a la calle en jornada de lucha igual que la que se ha convocado para ahora.
En todo caso, la situación no se ha conseguido revertir, tal y como denuncian en CAS: “Según la Administración Sanitaria, casi 600.000 personas están en lista de espera quirúrgica en todo el estado. En 2008 eran 364.000, lo que indica que en estos años de recortes el número casi se ha duplicado”.
Mientras, los defensores de la sanidad pública centran la atención en la otra pata del banco: la sanidad privada. En este sentido, alertan de que “este deterioro planificado del sistema está empujando a sector de la población hacia los seguros privados”. Así, como recogió El País,11,5 millones de españoles en 2017 ya contaban con este tipo de seguros.
Aun así, desde CAS son ‘optimistas’ aunque para ello exigen “medidas de sentido común” donde se “utilicen al 100% los recursos existentes”.
El colectivo pone sobre la mesa, entre otras cuestiones, la creación de un turno de tarde en los hospitales para ir sacando operaciones; la prohibición de los conciertos con la privada y de que un profesional trabaje en ambos lugares; la instauración de plazos similares de atención en todo el país; y la financiación sanitaria finalista.
Asimismo, CAS propone que las consultas preferentes garantizadas se den en un plazo máximo de 10 días, así como que el resto de consultas de atención especializada cuente con un plazo máximo de 30 días.
Por último, la coordinadora marca para las pruebas diagnósticas oncológicas y cardiológicas y para la cirugía oncológica un máximo de 30 días; para las pruebas diagnósticas programadas no urgentes, 45 días; para la cirugía cardiaca que se dé un plazo máximo de 60 días; y para el resto de cirugías un tope de 120 días.
