Piden al Gobierno que reconozca la «falta de respuesta adecuada» ante las «miles» de denuncias de ‘bebés robados’

Recién nacido

Recién nacido

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que reconozca públicamente la «falta de respuesta adecuada» por parte del Estado ante las «miles» de denuncias por casos de sustracciones de menores, por hechos comúnmente englobados bajo la denominación de ‘bebés robados‘.

La organización considera que el Estado español «debe adoptar medidas con un enfoque global» para dar respuesta a estos procesos de búsqueda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompañamiento a las víctimas. Esto, a su juicio, requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico.

Así lo refleja el informe ‘Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados’, publicado este martes por la organización, que señala que no existen datos oficiales, por lo que es difícil estimar el número de personas que podrían haber sido víctimas de la sustracción ilegal de bebés entre 1939 y los 90. El último caso documentado por AI es de 1993.

El informe indica que, según la Audiencia Nacional, en España se propició entre 1937 y 1950 una desaparición «legalizada» de menores de edad con pérdida de su identidad. Aunque el número es indeterminado, la ONG asegura que se barajan cifras de hijos de presas tutelados por el Estado o repatriados tras finalizar la Guerra Civil, «que no siempre estuvo claro fueran devueltos a sus familias».

En concreto, Amnistía Internacional afirma que un total de 30.960 hijos de presas fueron tutelados por el Estado entre 1944 y 1954 y que 20.266 menores fueron repatriados tras la Guerra Civil, según datos del Servicio Exterior de la Falange.

En cuanto a los datos en la Fiscalía General del Estado, el informe refleja 261 alegaciones en denuncia colectiva por sustracciones ilegales de niños para su entrega a terceras familias, ocurrido entre 1950 y 1990, presentadas por ANADIR en 2011, así como 2.138 diligencias de investigación entre 2011 y marzo de 2021, de las cuales 526 llegaron a ser judicializadas.

Del total de diligencias de investigación tramitadas por Fiscalía, solo una, que se inició en Barcelona en febrero de 2020, permanece todavía abierta.

Asimismo, el estudio subraya que el 19 de diciembre de 2020 se presentó una denuncia colectiva de 56 casos ocurridos entre 1952 y 1987 en Andalucía, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Madrid y Galicia; y que el 4 de enero de 2021 la Fiscalía anunció la incoación de un expediente de coordinación que pretendería unificar su actuación en todo el Estado en este ámbito.

Respecto a los estudios de ADN del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la organización asegura que hubo 128 procedimientos de investigación con aportación de muestras de ADN entre 2011 y 2017, 76 de la Fiscalía y 52 de juzgados de instrucción. De las 120 exhumaciones realizadas, en el 41% (49) de los casos no se pudo resolver y en el 59% (71) de los casos sí se pudo dar certeza de que los restos encontrados pertenecían al bebé que se buscaba.

Además, el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, en funcionamiento desde 2012, ha tramitado 706 solicitudes, que corresponden a 834 personas afectadas, de las que 216 se han considerado inválidas. Hasta septiembre de 2019, el servicio ha podido indentificar a un posible familiar en 19 casos, todos relativos a adopciones.

PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS INMEDIATAS Y UN ROL «ACTIVO»

En su informe, Amnistía Internacional solicita al Gobierno adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación con casos de posibles sustracciones ilegales de menores, así como asumir un rol «activo» en la coordinación y canalización de búsquedas de posibles sustracciones.

La ONG también pide al Ejecutivo revisar los Concordatos con la Santa Sede para que «no constituya un impedimento a las investigaciones de violaciones de derechos humanos» y establecer protocolos que garanticen el acceso «efectivo» a la información y documentación.

A la Conferencia Episcopal, Amnistía Internacional le solicita facilitar a las víctimas el acceso a los archivos eclesiásticos de su competencia y asumir un rol de «intermediación e intercesión» con las órdenes y congregaciones religiosas dependientes de la Santa Sede, para que «permitan y faciliten a las víctimas el acceso a sus archivos».

DESAPARICIÓN FORZADA DURANTE MÁS DE 50 AÑOS

El informe de Amnistía Internacional destaca que durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, «miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades».

Para la organización, la respuesta por parte del Estado «ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o familiares».

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido, según la ONG, primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado.

«Durante la investigación, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida», ha explicado el investigador del informe Daniel Canales.

«Lo que busco es un bebé muerto, como no lo encuentro, lo busco vivo», ha apuntado Marga Calvo, que busca a su hijo nacido en julio de 1975.

La organización ha defendido que siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparición forzada, el Estado «tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos, que no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y se les garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad».

Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido constatar que los procesos de búsqueda continúan «encontrando obstáculos, y resultan ser en su mayoría, infructuosos».

«Pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía fueron cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas», ha señalado el investigador Canales.

La investigación revela que es «recurrente» encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos eran de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que «se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos».

Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del bebé, que en muchos casos no se podía ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital. En los procesos de búsqueda se une la falta de información, o la documentación errónea o falsa, y un acompañamiento inexistente o escaso por parte de las autoridades a quienes emprenden la búsqueda.