“El Gobierno debe actuar para impedir una operación que cuenta con amplio rechazo y perjudica el interés general”, defienden ambos sindicatos, que recuerdan los riesgos económicos, sociales y laborales que esta operación implicaría.
En dicho escrito, UGT y CCOO denuncian que la OPE “no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad, y por el contrario supondría un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad”. Se trata, afirman, de una “fusión lesiva para el empleo, el crédito y la cohesión social”.
“Las experiencias recientes en España, así como la literatura económica internacional, muestran que las fusiones bancarias provocan sistemáticamente”, exponen en una nota, una pérdida “masiva” de empleo. En este caso, entre 7.684 y 10.567 empleos directos podrían desaparecer, “afectando especialmente a personas mayores de 50 años”.
A esto hay que añadir que se prevé el cierre de entre 589 y 883 sucursales, “afectando de manera directa a la España vaciada, a personas mayores y a colectivos vulnerables”. Además, provocaría una reducción de la oferta de crédito, “con especial impacto en pymes y autónomos”.
Las organizaciones sindicales alertan también de una pérdida de competencia. En su opinión, la entidad resultante, junto a Santander y CaixaBank, “concentraría más del 70% de los activos bancarios del país, acentuando el riesgo sistémico (‘too big to fai’”) y debilitando la salud del sistema financiero”.
“Una operación ajena al interés general”
Desde una perspectiva territorial, UGT y CCOO sostienen que esta operación “socavaría la cohesión social y económica, debilitando el tejido productivo en comunidades especialmente expuestas”. “La eliminación de un operador clave como el Banco Sabadell en regiones donde tiene una fuerte implantación (Cataluña, País Valenciano, Asturias o Murcia) representa una amenaza directa a la pluralidad del sistema bancario y a su capacidad para servir a la economía real”, apuntan.
Asimismo, los sindicatos subrayan que esta OPA “no cuenta con respaldo social ni institucional”, ya que “son múltiples los actores que han expresado su rechazo”, como partidos políticos de todo signo, gobiernos autonómicos, organizaciones empresariales y asociaciones de pymes y autónomos.
Por todo ello, exigen al Gobierno que “adopte las medidas necesarias para impedir una operación rechazada por el conjunto de la sociedad, que amenaza con concentrar aún más el poder bancario, debilitar la competencia, destruir empleo, encarecer el crédito y agravar la exclusión financiera”.
“Ni las personas trabajadoras, ni las empresas, ni los territorios necesitan más concentración bancaria”, aseguran. “Lo que necesitan”, concluyen, “es una banca comprometida con la economía productiva, el empleo y el desarrollo equitativo”.
La consulta “no es un referéndum” sobre la OPA
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que la consulta pública que concluye este viernes sobre la oferta pública de adquisición “no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones o como un sí o un no a la propia OPA”.
“Eso no es una OPA sí; OPA no. No es un referéndum”, ha remarcado en una entrevista en La Hora de La 1. Según ha señalado, el Gobierno quiere con esta consulta sacar “información relevante sobre los motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o directamente involucradas”.
