La asesora de Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar sobre su contratación en Moncloa
Así lo ha acordado el instructor en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que reclama que se entreguen dichos ‘emails’ al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid “a la mayor brevedad posible”.
Peinado ha ordenado dicha diligencia en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.
Aunque en un principio, y en el marco de la pieza principal, el juez también investigó al directivo del IE Juan José Güemes por la contratación de Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid levantó la imputación y ordenó dejar fuera del procedimiento todo lo relativo al África Center.
No obstante, en esta ocasión, el juez reclama los correos intercambiados entre el IE y Cristina Álvarez en la rama de investigación en la que indaga si la asesora de Moncloa realizó funciones privadas para la esposa de Pedro Sánchez.
En esta pieza separada, el juez ya cuenta también con “los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio”, con las comunicaciones entre la casa de estudios y la asesora de Begoña Gómez, recoge la citada agencia.
Fuentes jurídicas avanzan que se trata de más de 200 ‘emails’, pero que solo 121 aluden a cuestiones de agenda y asuntos relacionados con la cátedra que codirigía Gómez, al tiempo que aseguran que no revelarían malversación alguna. Dichos correos se encuentran en sede judicial desde el pasado día 16 de septiembre; la UCO tiene pendiente analizarlos y presentar informe.
Asimismo, el juez está a la espera de que Presidencia entregue al juzgado todos los correos recibidos y enviados por Begoña Gómez a través su cuenta oficial de Moncloa desde julio de 2018, cuando se realizó la designación de Álvarez. La Fiscalía y las defensas han recurrido esta diligencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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