Palma prohíbe los pisos turísticos

Palma de Mallorca.
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Los dueños de apartamentos o pisos en Palma de Mallorca no podrán alquilarlos a turistas a partir del próximo mes de julio. El consistorio ha aprobado una norma que convierte a la capital balear en la primera ciudad española que veta de manera global los pisos turísticos.

La medida solo permite arrendar a turistas viviendas plurifamiliares en el área municipal excepto en polígonos, en suelo rústico protegido y en la zona de influencia aeroportuaria, según informó ayer el teniente de alcalde y concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, del equipo de gobierno que integran PSOE, Més y Podem.

La medida es un logro vecinal: se deriva de una iniciativa popular presentada por la Federació d’Associacions de Veïns (Federación de Asociaciones de Vecinos) de Palma, aprobada en 2017. Según los datos recabados por el consistorio, la oferta del alquiler turístico ha aumentado un 50% en cinco años y Palma es la ciudad “más cara” para alquilar solo superada por Barcelona. “De las 11.000 plazas de alquiler actuales, solo 645 son legales”, explicó el concejal.

El consistorio dice querer atajar así la falta de vivienda de alquiler permanente y la subida de los precios ante el incremento de la demanda de viviendas vacacionales.

Finalmente, el Consistorio prevé la aprobación de forma inicial de la propuesta este jueves y, posteriormente, se abrirá un proceso de 30 días para presentar alegaciones y la realización de informes. De este modo, han anunciado que esta normativa será aprobada definitivamente en el mes de julio, coincidiendo con el levantamiento de la moratoria.

En rueda de prensa, Hila explicó que esta decisión ha sido tomada con el objetivo de «proteger» al residente y, así, «priorizar el acceso a la vivienda» y «garantizar el derecho constitucional» ante la demanda de usos turísticos.

Por su parte, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha expresado que esta regulación «ayudará a clarificar el techo y el equilibro que tiene la ciudad» y ha asegurado que esta «decisión valiente» marcará «tendencia» y que será todo un «referente» para el Estado y el resto de ciudades europeas.

Asimismo, Hila ha detallado que la iniciativa se ha basado en los criterios de «convivencia social en los barrios, falta de oferta de alquiler para los residentes y los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, territorio, recursos energéticos, hídricos, infraestructuras y carreteras».