Pactos de Estado frente a gran coalición

Recién iniciada la nueva legislatura, parece confirmarse una división en dos bloques, de izquierda y derecha, aparentemente irreconciliables y estancos. Son muchas las voces que se han alzado en favor de la llamada “gran coalición” como mejor forma de conseguir un Gobierno capaz de afrontar con fuerza los grandes desafíos que tiene pendiente nuestra economía y, más ampliamente, nuestra sociedad. Cuando se escriben estas líneas, esa opción no parece probable.

En mi opinión, afortunadamente. Esa gran coalición no es ni necesaria ni conveniente. Dejar la oposición en manos de fuerzas extremas y de dudosa lealtad constitucional aporta más problemas, en el corto y en el largo plazo, que soluciones pueda propiciar ese pretendido gobierno fuerte.

Sin embargo, un Gobierno de los partidos situados a la izquierda del abanico político y un partido, el PP, necesitado de diferenciarse de la extrema derecha como partido de Estado, es ocasión especialmente propicia para trabajar desde una perspectiva de grandes pactos en los temas esenciales que tenemos planteados.

Los pactos de la Moncloa son un ejemplo de cómo pueden sentarse a una misma mesa fuerzas muy diferentes y llegar a acuerdos sin merma de los papeles de gobierno y oposición que a cada cual corresponda. Y apuntándose todos el tanto, sin protagonismos exclusivos.

Llevamos hablando desde el pasado siglo de la necesidad de un cambio profundo de nuestro modelo económico, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas en esa dirección. La emergencia climática hace especialmente necesaria una redefinición de nuestro modelo energético y de crecimiento. Que se celebre en Madrid la cumbre por el clima puede contribuir a una extensión de la conciencia del grave momento en que nos encontramos. Un gran pacto sobre la transición ecológica es urgente y necesario. Un pacto que debe incluir la reflexión sobre la España vacía y la desertización (demográfica y climática) de una parte creciente de nuestra geografía.

Un segundo pacto, obvio y urgente, es el referido a la revisión del modelo territorial de nuestra Constitución. La inestabilidad política y social que conlleva el enquistamiento de este problema no es positivo ni social, ni política ni económicamente. Más allá del espejismo de intereses electorales a corto plazo, es evidente que es necesario un diálogo de las posiciones enfrentadas y reconstruir un nuevo consenso que concite el acuerdo de grandes mayorías, en Cataluña y en todas demás Comunidades. Cerrarse al diálogo y tachar de traidores a la patria y a la Constitución a quienes se sientan a hablar es la actitud más contraria a la Constitución que pueda imaginarse. ¿Habría sido posible elaborarla con esa cerrazón partidista y sectaria?

El tercer gran pacto de Estado necesario es el que podríamos englobar bajo el paraguas del Estado de bienestar para el siglo XXI, susceptible de subdividirse en varios pactos parciales. La creciente desigualdad y las preocupantes cifras de exclusión social (que nos sitúan en el podio de la vergüenza dentro de la Unión Europea), obligan a diseñar un modelo completo de lucha contra la pobreza y por la igualdad de oportunidades: educación, pensiones, migraciones, vivienda, incluso renta básica… son temas que necesitan un pacto básico de Estado. Sin perjuicio de que cada partido pueda mantener sus diferencias programáticas, el acuerdo es posible en aquellos puntos en que existen coincidencias evidentes. Los éxitos que se ponen como ejemplo (como Finlandia en educación, Suecia en pensiones…) son fruto de grandes acuerdos entre partidos que mantienen un sistema básico invariado en el largo plazo.

Y para que esos pactos sean eficaces, se necesitan medios públicos capaces de apoyar los acuerdos y las políticas consiguientes. Por ello, hay un pacto de Estado especialmente necesario para asegurar que no nos quedemos en buenas intenciones sobre el papel, pero sin transcendencia alguna en la práctica: un pacto de Estado contra la evasión y el fraude fiscal. Recaudamos casi 7 puntos del PIB menos de impuestos que los países de la eurozona. 70 mil millones de euros que podrían destinarse a poner fin a las limitaciones sociales, ambientales y económicas que tiene nuestro país. No se trata de subir los impuestos. Se trata de hacer que paguen los que no pagan. Los impuestos son la garantía de nuestros derechos. Con ellos pagamos la educación, la sanidad, la investigación, la seguridad, las carreteras, los servicios públicos y las pensiones. Sin justicia fiscal no hay justicia social.

Son pactos necesarios (y todavía podríamos añadir alguno más), que solo pueden plantearse desde una perspectiva de objetivos a medio-largo plazo, por encima de cambios de Gobierno y de posiciones de partido. Ahora es el momento y no debemos desperdiciarlo.

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