Colectivos de Madrid, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Islas Canarias y Murcia piden al ministerio de José Luis Escrivá que intervenga. “La situación de desamparo en la que se encuentran estos pacientes a la hora de pasar los tribunales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Hemos podido comprobado serias inequidades en la atención a los afectados de COVID-19 Persistente a la hora de valorar prórrogas de 180 días o de dictaminar altas”, explican en un comunicado.
Estos colectivos que se recogen bajo el nombre de Long COVID ACTS, han mandado cartas al Ministerio de Seguridad Social, denunciando “prácticas injustas y discriminatorias”. “No hacen más que agravar la situación en la que se encuentran unas 500.000 personas”, detallan.
Solicitan a Escrivá una unificación de los criterios administrativos de “manera urgente”. Además de revindicar bajas ajustadas a la enfermedad, piden un código específico de covid-19. “Demandamos prórrogas que nos permitan recuperarnos mientras avanza la investigación de tratamientos eficaces”, añaden.
“Entendemos que el abordaje de esta nueva enfermedad tiene que darse de manera integral, ya que, de un problema sanitario, se ha convertido en un problema social y laboral”, reclaman: “Todo ser humano tiene derecho a ser asistido por los servicios de salud para su curación y rehabilitación”.
El covid-19 persistente es padecido por un 10% y un 20% de los contagiados por el virus y no guarda relación con la gravedad de la enfermedad, pudiéndose dar en casos asintomáticos. El Ministerio de Sanidad reconoció por primera vez el covid-19 persistente en enero de 2021. Sin embargo, desde los colectivos creen que no todas las instituciones están teniendo en cuenta el reconocimiento de la enfermedad a la hora de valorar situaciones de baja laboral.
