La organización señala en un informe publicado este miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press, que «los fallos en el diseño e implementación» de esta prestación, lo convierten en «una herramienta con limitado impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad».
«Es necesario que ninguna familia en situación de necesidad se quede sin protección, y en estos momentos hay en España 597.000 hogares sin ningún tipo de ingreso», señala la responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón, Liliana Marcos.
Además, precisa que el gasto previsto para el IMV es «muy inferior a las necesidades de los hogares en un contexto en el que la pobreza severa ha aumentado significativamente». La previsión de gasto en IMV para este año es de unos 1.500 millones de euros y la ONG calcula que es «cinco veces menos» de lo que sería necesario para acabar con la pobreza severa dado el impacto de la COVID-19.
Uno de los aspectos del diseño actual que, según Oxfam Intermón, habría que modificar, es el uso del nivel de renta del año anterior como referencia. «La pandemia dejó sin medios de vida a miles de personas de la noche a la mañana», explica Marcos, al tiempo que añade que usar los datos fiscales para determinar el acceso o no al IMV hace que esta prestación sea «inútil» cuando llegan crisis como la de la Covid.
Además, la organización pide que las rentas mínimas de inserción otorgadas por las comunidades autónomas complementen el IMV en servicios y prestaciones en función de las necesidades de las familias en los distintos territorios. «Estar más o menos protegido de la pobreza no puede ser una lotería que dependa de la comunidad en la que se esté», alerta Marcos.
En concreto, la ONG advierte de que «el 42% de las personas en situación de pobreza severa en Andalucía, el 37% en Valencia o el 30% en Cataluña están excluidas tanto de las rentas mínimas como del IMV».
Según Oxfam Intermón, las comunidades autónomas dedicaron en 2019 algo más de 1.600 millones de euros a las rentas mínimas autonómicas. «Lo que pedimos es que no reduzcan su inversión, sobre todo antes de que se logre desplegar el IMV plenamente. Si no, en la práctica, se sustituirá una prestación por otra», concluye Marcos.
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