El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante su comparecencia en el Senado este lunes.
CREUP y CEUNE asistieron este martes a la mesa de negociación mixta organizada por el Ministerio de Universidades para tratar el bloque de gobernanza de la nueva Ley, a la que también asistieron los rectores, representados por Crue, sindicatos, consejos sociales y comunidades autónomas.
Según las organizaciones estudiantiles, en esta mesa de negociación se ha hecho evidente que la propuesta de anteproyecto de la LOSU cuenta con la redacción «casi única» de Crue. «El Ministerio negoció y acordó el anteproyecto con la conferencia de rectores sin que se generase un debate real en el seno de las universidades, lo que ha dado lugar a que algunos claustros universitarios aprueben posicionamientos en contra de la misma, como en el caso de la Universidad de Barcelona», exponen ambas.
Las organizaciones aseguran que esta situación, derivada de la toma de decisiones de los rectores sin adoptar acuerdos en sus comunidades universitarias y órganos de representación, ha dado lugar a un «amplio rechazo» entre los universitarios.
La aprobación de este primer anteproyecto contando únicamente con el consenso con una de las partes de la comunidad universitaria llevó a los representantes estudiantiles a solicitar una mesa de negociación mixta, en la que participasen todos los sectores de la comunidad universitaria.
Tras esta primera reunión se ha evidenciado la alineación del Ministerio con la postura de algunos rectores en la redacción del anteproyecto, lo que ha dado lugar a que se manifestase la oposición frontal del estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios, llevando al Ministerio a mostrar su compromiso de seguir avanzando en las negociaciones.
Tras la mesa de negociación, el ministro Manuel Castells se comprometió a modificar el capítulo de gobernanza de la LOSU y a seguir negociando el resto de capítulos de la misma.
Desde el estudiantado esperan que «esta modificación sea en su totalidad, para preservar y garantizar un sistema de gobierno democrático, basado en la participación de todos los colectivos, que refleje las necesidades reales de la comunidad universitaria a través de la cogobernanza, en lugar de una voluntad única del rector o rectora por medio de un sistema presidencialista».
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