La directora de la oficina de Amnistía para la UE, Eve Geddie, ha señalado que ambos países han empeorado «rápidamente» en cuestiones básicas como la libertad de medios, la independencia del poder judicial o el derecho de manifestación, entre otras. Considera que Hungría y Polonia «deberían respetar los derechos de la población y enmendar sus leyes» en lugar de seguir con sus críticas a Bruselas.
A la UE, le ha reclamado premura en sus actuaciones, ya que «los jueces, periodistas, activistas y ciudadanos de Hungría y Polonia no pueden esperar». Así, Geddie ha instado a la Comisión Europea a avanzar «urgentemente» en la aplicación del mecanismo.
Confía en que esta «poderosa» herramienta sirva, junto a «otras vías legales y políticas», para «proteger los derechos de la población en los Estados miembro» del bloque.
Por parte de Human Rights Watch, uno de sus responsables para Europa, Philippe Dam, ha subrayado que la sentencia del TUE supone una «señal clara» para determinar que los fondos comunitarios no pueden utilizarse para «perjudicar los valores democráticos europeos».
HRW coincide con Amnistía en que «la Comisión Europea debería actuar rápidamente y demostrar que defender el Estado de Derecho es una prioridad en su agenda».
Dam ha apuntado que la sentencia pone de manifiesto que las instituciones comunitarias pueden combatir «la erosión del Estado de Derecho» que ocurra dentro del bloque, en la medida en que respetar los derechos y libertades básicos y pertenecer a la UE debería ser «inseparable».