¿Será posible que los promotores inmobiliarios que generaron el desaguisado que originó el apocalipsis de las cajas de ahorros españolas se vayan de rositas tras haber provocado el desastre?
Es de suponer que eso no ocurra y que los exagerados temores que algunos descreídos exhiben al respecto no sean más que simples suspicacias. Sin embargo, hay que reconocer que, en este caso, el escepticismo se basa en algunos indicios que, a pesar de no apuntar directamente hacia esa posibilidad, no resultan demasiado tranquilizadores.
Resulta, por ejemplo, que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como ‘banco malo’, ese organismo que se ha creado como parte de la arquitectura pensada para completar la reforma financiera y que debe encargarse de liquidar en 15 años los desechos inmobilarios procedentes del ‘tsunami’, recibe, según su propia ‘estructura fundacional’, estos activos dañados, completamente libres de deuda y cargas.
Es decir, que en su mandato está sólo vender, obteniendo la mayor rentabilidad posible, todo aquello que le han colocado las cajas nacionalizadas y los bancos que han necesitado asistencia. Esos miles de pisos, promociones, chalés y demás, que suman un volumen total de 50.781 millones de euros, y que han desaparecido así de los balances de las entidades de crédito.
Y, sin embargo, el ‘banco malo’ no ha recibido a la vez mandato alguno que le obligue a emprender la correspondiente reparación de los quebrantos y la persecución de los deudores que siempre conlleva cualquier declaración de fallido de un préstamo bancario. No es, en principio, a la Sareb a quien le corresponde realizar este trabajo, que queda así en el territorio de los propias compañías bancarias que acabaron convirtiéndose en dueñas de esos activos, ahora traspasados, cuando los prestatarios no pudieron hacer frente a los correspondientes créditos recibidos.
Y ahí es donde surge la inquietud de la que hablábamos antes. Mientras hay miles de noticias sobre la dedicación intensiva con que muchos bancos han cuidado sus intereses promoviendo desahucios y reclamaciones de deuda a familias que luchan por conseguir la dación en pago, nada se sabe a estas alturas de otros procesos similares encaminados a la recuperación de los grandes quebrantos causados a esas cajas que, no hace tanto, constituían el 50% del sistema financiero español, por esos antiguos reyes del ladrillo y la promoción inmobiliaria, cuyos nombres y apellidos son bien conocidos.
Tampoco de que los nuevos gestores de estas entidades de crédito dinamitadas hayan iniciado la persecución, por la vía civil o la penal si procede, de estos individuos y sus empresas. Tanto es así que, incluso, algún comentarista exagerado, ha dado en decir que, hoy por hoy, han desfilado por los tribunales más gestores de cajas y hasta directivos del montón que promotores inmobiliarios. Y eso que, como todo el mundo sabe, tampoco es que los representantes del primer colectivo que han visitado los juzgados formen, al menos de momento, un grupo muy numeroso.
