Por fin parece que Ana Mato y su Ministerio – de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad nada menos – va a hacer algo que merecerá la pena apoyar y hasta elogiar. Por fin parece que Ana Mato y su Ministerio – de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad nada menos – va a hacer algo que merecerá la pena apoyar y hasta elogiar. La idea, quiero decir, porque ahora habrá que esperar a ver si prospera y cómo acaba una vez debatida en las Cortes y transcrita a las páginas del BOE. En síntesis la cosa es que se va a crear un registro público, como deben ser los registros, con los nombres y datos de todos los pederastas, explotadores infantiles, traficantes de menores y demás sujetos de semejante ralea que hayan sido condenados en firme por delitos contra los niños.
La idea es buena, insisto, y muy necesaria porque raro es el día que no nos despertamos con alguna noticia estremecedora de abuso de menores en cualquiera de sus variantes y con mucha frecuencia en la variante colectiva. Y es que muchos de estos delincuentes no actúan en solitario, tienen conexiones y mantienen intercambios de fotografías con otros con colegas de la misma calaña. Ruboriza imaginarlo e indigna saber que ocurre y que a menudo los implicados en estas prácticas son personas con formación, dinero y, para mayor oprobio y preocupación de los padres, con responsabilidades en la formación de los niños.
Si el proyecto sale adelante, y habrá que estimular a sus promotores para que agilicen los trámites y a los parlamentarios para que lo perfeccionen y aprueben con urgencia, los delincuentes que aparezcan en este registro van a tenerlo más que complicado para seguir conviviendo en libertad en una sociedad con tantas razones para detestarlos. Aparte el oprobio que les espera para siempre, porque la inclusión en el Registro no tendrá fecha de caducidad, tendrán incluso especiales dificultades para encontrar un trabajo y desarrollar determinadas actividades.
Las empresas o instituciones cuya actividad tenga alguna relación con la infancia no podrán contratar a quienes aparezcan como condenados en firme por alguno de estos delitos. Y quienes descubran que alguien incurre en algunas de estas prácticas, tendrá en el futuro la obligación de presentar la correspondiente denuncia bajo el riesgo de ser acusado y castigado como encubridor si no lo hace. La omisión también pasará a tener la catalogación de delito. Estas medidas serán parte muy importante de una Ley de Protección del Menor que si no se malogra por el camino, va a convertirse en una amenaza de guerra al pederasta.
