¿Quién se ha beneficiado de las privatizaciones?

Las privatizaciones se hicieron para mejorar las eficiencia y recortar los precios de algunos servicios. Sin embargo, el resultado no ha sido exactamente ese. Cuando en 1996, el Gobierno español, presidido entonces por José María Aznar, puso en marcha el proceso de privatización de empresas públicas, defendió esta estrategia recurriendo al principio de la eficiencia. Ese ‘mantra’ que aún defiende y, según el cuál, la gestión privada es siempre más eficaz que la pública.

Además, en lo relativo a los servicios públicos que se proporcionaban en régimen de monopolio, la introducción de la competencia traería aparejada, junto al aumento de la calidad del las prestaciones, una significativa reducción de los precios.

Lo cierto es que la venta de compañías estatales ha producido unos beneficios al Estado de 30.000 millones de euros. Un dinero que se ha usado mayoritariamente para reducir el déficit. Sin embargo, no está muy claro que haya redundado en beneficio de los ciudadanos.

Casi una década después de que terminara el proceso, que culminó José Luis Rodríguez Zapatero con la ‘entrega’ de Endesa a la eléctrica pública italiana Enel, los resultados visibles están muy lejos de haber alcanzado los objetivos que, supuestamente, se querían conseguir.

Por poner sólo dos ejemplos bien conocidos, el recibo de la luz cuesta el doble que entonces y el precio de la banda ancha es el segundo más caro de toda la Unión Europea (UE), sólo por detrás del vigente en Chipre.

Desde algunos sectores se pone en duda que exista una verdadera competencia. Se argumenta que las empresas que explotan estos negocios han constituido una suerte de oligopolios que, de alguna forma, las autoridades son incapaces de controlar.

Por supuesto, las compañías implicadas niegan este extremo y culpan de lo que pasa a las injerencias políticas, los impuestos y a las estrategias fallidas de los distintos gobiernos.

La decisión de Mariano Rajoy de unificar los distintos entes reguladores en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha sido de gran ayuda.

Entre otros motivos, porque han optado por poner al frente a José María Marín Quesada, que fue durante más de 25 años un alto directivo de la petrolera Cepsa. Un antecedente que no es, probablemente, el mejor para alguien que tiene que encargarse de velar por la libre competencia y que, sin embargo, no ha provocado ningún tipo de reacción del PSOE.

Lo cierto es que en algunos sectores la posibilidad de que las privatizaciones trajeran una liberalización real de los mercados era dudosa desde el principio. Hay ciertas actividades, destinadas a proporcionar servicios que cubren necesidades básicas de los ciudadanos que siempre tendrán un cierto componente monopolístico y de las que el Estado siempre será el responsable último.

La energía puede ser un buen ejemplo para ilustrar este asunto. Con la crisis, los movimientos sociales han hecho bandera de la necesidad de que todos los ciudadanos tengan acceso al suministro eléctrico porque es vital para su supervivencia y porque el empobrecimiento de la población que se ha producido hace que las capas más desfavorecidas no puedan pagar el recibo.

Resulta curioso, también que en lo relativo a la liberalización de estos sectores no se haya optado por seguir el modelo de las grandes economía de la UE que, sin embargo, se ha utilizado siempre como excusa para todas las reformas económicas que se han llevado a cabo.

En Alemania, Francia e Italia estos sectores sensibles y, probablemente, estratégicos, cuentan con la concurrencia de grandes empresas en las que el Estado sigue siendo el mayor accionista, aunque coticen en Bolsa y haya también capitales privados en sus núcleos accionariales.

Así que, a tenor de las evidencias empíricas y, al menos, mientras las cosas no cambien, lo cierto es que lo único que se puede decir de las privatizaciones llevadas a cabo en España es que constituyeron un gran negocio para el sector financiero y los fondos de inversión internacionales. Y poco más.

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