Ana Botella, Ignacio González y Jorge Fernández Díaz han visto en las últimas horas cómo algunas de sus propuestas más descabelladas eran tumbadas. Este es un viernes amable. Por un lado, la Vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría ha hecho piña con la Abogacía del Estado para indicar a doña Ana Botella y a su compinche Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid por herencia, que eso de trasladar las manifestaciones al quinto pimiento no tiene ni pies ni cabeza.
Por el otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el ‘golpe de gracia’ a la polémica ley de seguridad ciudadana, calificada por la oposición de la ‘ley mordaza’, del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Fue concretamente ayer cuando el máximo órgano de gobierno de los jueces aprobó un informe que desmonta la ley al considerar que muchos de sus puntos son “inconstitucionales”.
Mi jefe opina que, en efecto, estas son buenas noticias. El problema es que son lógicas, y por lo tanto no deberían ser noticias como tales, aunque en los tiempos que corren parece que lo están siendo. Además, dice mi jefe, el pobre Fernández Díaz las tiene que estar pasando canutas: al varapalo judicial tiene que sumar en su haber la polémica en torno a los muertos de Ceuta y los errores del dispositivo policial del 22-M. Vamos, que sólo le falta dejar tocado al confesor.
