El enfrentamiento abierto entre autores y editores por el control de la SGAE pone en peligro la continuidad de la institución. Las luchas judiciales entre las compañías editoriales y los autores a cuenta de los derechos de autor de algunas creaciones de éxito han sido una constante desde el siglo pasado. Estos dos colectivos, habitualmente irreconciliables, han dirimido muchas veces sus diferencias en los tribunales con resultados dispares.
Hay algunas situaciones simplemente incomprensibles que han saltado a los medios de comunicación para escarnio de las multinacionales del espectáculo, en las que se pone de manifiesto que mientras determinadas compañías acumulaban beneficios gracias al dinero generado por una canción o un personaje de cómic, los creadores de esos grandes éxitos universales vivían casi en la indigencia.
Más de uno recordará, por ejemplo, el larguísimo litigio legal entre DC Comics, luego Warner, y Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman. La empresa había pagado un cheque de 138 dólares a ambos en 1938 y gracias a ese abono había gozado en exclusiva de la explotación de los derechos del Hombre de Acero, en cualquier formato, sin que los autores vieran un dólar de la inmensa cantidad de beneficios que se obtenían.
La larguísima lucha en los tribunales, aún inconclusa, es histórica y, por supuesto, ha obligado a la editorial a compartir el ‘botín’, aunque quizá no en la medida exacta que los herederos de Siegel y Shuster hubieran deseado.
La aparición de las sociedades de gestión de derechos fue definitiva a la hora de terminar con los abusos y las injusticias, porque la unión de los autores amplificó su fuerza y eso redundó en contratos más justos y equilibrados. Pero la tensión entre estas instituciones y las compañías que explotan el negocio de la creación cultural ha existido siempre y, como es lógico, repunta en los momentos en que la fiesta decae y las recaudaciones menguan.
Posiblemente, esas diferencias históricas tengan mucho que ver con la actual situación de la SGAE, una institución que, según opinan bastantes miembros de la actual Junta Directiva, habría caído bajo el control de los editores, antes con muy poco peso en la decisiones empresariales y que puede estar muy cerca de su desaparición si, como ya ha sucedido en algunos casos concretos, las empresas cierran directamente con los usuarios acuerdos sobre el uso de productos culturales.
El peligro está ahí y parece haber provocado un movimiento unitario entre los miembros del Colegio de Pequeño Derecho de la SGAE que quieren reconquistar el poder en la institución, perdido tras la defenestración de Teddy Bautista. Todo parece indicar que el actual presidente de la institución José Luis Acosta tendrá serios problemas en la próxima Asamblea de Socios y que, como pasó con Anton Reixa, su antecesor puede verse forzado a abandonar el cargo.
Aunque esta vez, un creciente número de socios apuesta por unas nueva elecciones y la renovación de la Junta Directiva. Los representantes de los editores parecen oponerse a esas opciones porque se arriesgan a perder el poder que consiguieron cuando una extraña operación policial, instigada por el juez Pablo Ruz, acabó con el polémico ‘reinado’ del ‘teclista’ canario, sin que casi tres años después de aquello se haya finalizado la instrucción del caso Saga, ni hayan quedado acreditados los presuntos delitos que, supuestamente, cometió el equipo de gestión que encabezaba Teddy Bautista.
Sí han quedado demostradas otras cuestiones desde entonces que, irregularidades y actuaciones dudosas que han provocado la salida de la SGAE de muchos de los hombres que tomaron el poder en la institución tras la deshonrosa salida de Bautista.
El propio Antón Reixa, como ya hemos dicho, y también los principales miembros de su equipo original: Francisco Galindo, Pablo Hernández y Antonio Onetti. Todos ellos envueltos en asuntos, quizá no ilegales, pero algo turbios y muy difíciles de explicar.
Entre los autores, hay quienes creen que es necesario cerrar definitivamente este capítulo negro y volver a fortalecer a la SGAE. Sobre todo en la situación actual, con un Gobierno que ataca constantemente al sector cultural y la discusión de asuntos vitales para el futuro como la Ley de Propiedad Intelectual. Por eso abogan por firmar la paz entre facciones y cerrar algunas heridas.
Y creen que una buena forma de empezar sería dejar que Teddy Bautista cobrará la pensión de 26.629,49 euros mensuales que sus sucesores en la ‘casa’ le han bloqueado. El juicio sobre este particular empieza la semana que viene y puede resultar muy revelador sobre el futuro. El propio José Luis Acosta insinuó en un diario madrileño que quizá hubiera espacio para un acuerdo.
