Desde el PP se defiende que la lucha contra la corrupción es una prioridad. Lástima que tan épico discurso tenga que verse empañado por la molesta realidad. Es habitual escuchar a personas como Mariano Rajoy o Esperanza Aguirre, por citar dos ejemplos, hablar de que el PP es el partido que más ha hecho en la lucha contra ese mal endémico del Mediterráneo llamado “corrupción”. Por eso hay que sorprenderse cuando este jueves sale un juez llamado Pablo Ruz dando un ultimátum a un tal señor Ignacio González, que casualmente comparte militancia política con los antes citados, para que entregue papelitos sospechosos porque de su propia mano no van a salir.
Mi jefe opina que es un problema de diccionario y que muy probablemente la gran mayoría de españoles entendamos por “corrupción” un concepto que no manejan ni Aguirre, ni Rajoy ni tampoco el presidente de la Comunidad de Madrid. De lo contrario no se explica tanto trecho entre el dicho y el hecho. O, mejor dicho, no se debería explicar salvo aludiendo a la jeta que tienen algunos.
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional ha emitido un auto del que se hace eco la Cadena SER en el que pide información al Ejecutivo regional sobre los actos organizados por el Gürtel. Ruz ha tomado esta decisión ya que cuenta con nuevos datos que apuntan a que los mencionados eventos podrían haber sido pagados por las adjudicatarias de los contratos puestos en marcha por estas consejerías, y no por la Comunidad de Madrid como se creía hasta ahora.
