Alguien tiene que explicar algo

La peripecia de Sacyr en Panamá también amenaza con constituirse en uno de esos eventos tenebristas que el Gobierno pinta con la bruma del ocultismo. La ministra de Fomento del Gobierno español, Ana Pastor, va a viajar a Panamá para intervenir en un contencioso que afecta a Sacyr, una empresa privada, y al Estado de aquel país latinoamericano. Al parecer le entregará al presidente de aquel país, Ricardo Martinelli, un mensaje de Mariano Rajoy sobre el asunto, y ejercerá de mediadora para ayudar a buscarle una solución al problema.

La historia es conocida. Un consorcio encabezado por esta compañía española se hizo con el contrato de las obras de ampliación del Canal en una subasta pública, porque su oferta, por lo barata, era prácticamente imbatible. Ahora, los costes se han disparado y la constructora y sus socios exigen al Ejecutivo panameño que pague 1.200 millones adicionales y amenazan con paralizar las obras en caso contrario. Una práctica,por cierto, está de cambiar los presupuestos a mitad del contrato, que resulta más que habitual en la operativa de las constructoras españolas, sobre todo cuando consiguen contratos públicos.

En definitiva, se trata de una disputa entre dos partes que afecta a las actividades de una empresa privada y a su cliente. Y más allá de que Sacyr quizá realizara una ‘oferta temeraria’, lo que deberían resolver las instancias correspondientes si se produce un litigio, o de que los gestores panameños deberían haber mirado con lupa las pujas de las compañías que optaban a una obra pública tan importante antes de tomar una decisión (precisamente para evitar sorpresas), tanto la compañía como el Estado implicados directamente desempeñan el papel que les corresponde en este guión. Lo que no se entiende es que pinta en este asunto el Gobierno español.

Entre otros motivos, porque en uno de esos ejercicios de ‘tenebrismo’ y nula transparencia que el Ejecutivo de Mariano Rajoy suele practicar, nadie se ha tomado la molestia todavía de dar una explicación al respecto. Y los representantes del Estado están obligados a hacerlo.

Esta vez, y todas las veces que se pongan los recursos públicos, financiados con los impuestos de todos los españoles, al servicio de los intereses concretos de una empresa privada. Si hay que hacerlo, y a lo mejor hay que hacerlo, lo primero es aportar a los ciudadanos la justificación correspondientes. Y con todo lujo de detalles, además.

Una cosa es que, si se hubiera dado el caso, un representante del Gobierno español, incluso el propio Mariano Rajoy, recibiera al presidente de Panamá, por pura cortesía diplomática, si este viajaba a España como consecuencia de la crisis, lo que hubiera sido una muestra de cordialidad comprensible, y otra que sea la ministra la que emprenda el viaje. Y, además, lo haga con carácter de urgencia.

Pero el viaje de la ministra no es lo único en este asunto de Sacyr y el Canal de Panamá que queda inscrito en este reino de las sombras del que hablábamos antes. También sería conveniente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) diera alguna explicación.

La institución ha dado la callada por respuesta en un momento en que todo parece indicar que la constructora, una empresa cotizada, envío al registro unos datos que no se corresponden con la realidad, porque se había anotado como ingresos un dinero no percibido aún. De hecho, incluso podrían terminar siendo pérdidas. Una situación aparentemente grave sobre la que el supervisor de los mercados españoles tendría que decir algo.

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