El Gobierno pretende retrotraer la educación y las condiciones del trabajo de la juventud a los años del franquismo, donde sólo unos pocos tenían buenas condiciones de estudio y trabajo. Desde la caída de la dictadura franquista la universidad ha aumentado exponencialmente el número de estudiantes que cada año están matriculados en ella, pasando en 1960 de 60.000 alumnos a 1.582.714 en el curso 2011-2012. Este enorme avance no ha sido ningún regalo, sino una conquista producto de la lucha de trabajadores y estudiantes contra la dictadura y durante los años 80, en defensa del acceso de todos los sectores a la Formación Profesional y a la Universidad.
Sin embargo, la universidad nunca ha sido gratuita como lo es en países de nuestro entorno como pueden ser Finlandia o en la práctica Francia (donde un año de matrícula cuesta 181€). De esta forma siempre ha habido una barrera económica que a determinados sectores de la sociedad le hacía enormemente difícil, o imposible, poder llegar a la misma.
Esta desigualdad se atajaba, de forma limitada, gracias a la existencia de las becas para el estudio, y especialmente debido a los esfuerzos familiares o a los trabajos precarios a los que los jóvenes universitarios accedían para pagarse la carrera.
Así fue hasta el curso 2007/2008, cuando el Gobierno del PSOE aprobó el Plan Bolonia haciendo casi imposible poder compaginar estudios y trabajo. Ya que la nueva ley universitaria partía de la base de que el estudiante debía dedicar al menos 40 horas semanales a la realización de trabajos universitarios y a la asistencia obligatoria a todas las clases.
A partir de ese momento a los jóvenes de familias con menos recursos económicos sólo les quedó una única opción: La popularmente llamada beca del MEC. Por eso el PP ha iniciado una ofensiva para acabar con esta beca, puesto que supone uno de los principales escollos para llevar a cabo su auténtico programa político en educación: expulsar a los hijos de los trabajadores de la enseñanza superior y destruir la universidad pública tal y como la hemos conocido estas últimas décadas, volviendo a convertirla en lo que era en los años 60: un coto privado para una minoría de privilegiados.
En un primer momento, y amparándose en la crisis económica que sus mismas políticas han creado, dijeron que para proteger las becas MEC era necesario recortar las becas consideradas por ellos “superfluas”. Así, en 2013 se suprimió directamente la beca para estudiar idiomas en el extranjero (22 millones de euros); se redujo un 50% la beca Erasmus (21 millones menos), afectando incluso a los alumnos que ya se encontraban en el extranjero y, finalmente, se suprimió la beca Séneca (7 millones).
A las becas anteriores habría que sumar las 150 becas de Formación de Profesorado Universitario que se redujeron el año pasado en mitad de la convocatoria (19’9 millones menos), la paulatina extinción de las becas comedor, o las de libros de texto, que han afectado a casi 600.000 niños en todo el Estado sólo el año pasado.
Una vez llevado a cabo el recorte salvaje a estas becas, le ha llegado el turno a las becas MEC, aunque el PP ha anunciado a bombo y platillo un aumento del 20% en las becas generales para 2014(después de dos años de recortes salvajes y que hacen que a pesar de la subida sigan estando por debajo de la cuantía dedicada en 2011).
Pero incluso este aumento del 20% no es más que un mero truco contable, ya que ese porcentaje se empleará en cubrir el encarecimiento de las matrículas de los becados, ya que debido al ’tasazo’ promocionado por el mismo Partido Popular, en dos cursos el precio de la matrícula ha subido un 65% de media.
Mientras tanto el dinero que los estudiantes con más necesidades recibirán para mantenerse fuera del domicilio familiar se reducirá fuertemente, pasando el concepto de residencia de 2.500 a 1.500 euros anuales. Y la beca compensatoria, que era de unos 3.800 euros, a 1.500, también anuales. Para justificar este enorme recorte el Gobierno ha anticipado que habrá una parte variable que complementará estas ayudas, pero que no ha sabido, y sobre todo, no ha querido, calcular.
En el mejor de los casos, un estudiante podrá acceder de forma segura a una beca de 3.000 euros al año, frente a los aproximadamente 6.000 euros del curso pasado. Cualquier padre o madre con hijos en la universidad sabe que 3.000 euros al año es una cantidad del todo insuficiente para pagar una residencia o una habitación en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, por no hablar ya de la manutención, el transporte y los caros materiales educativos.
Pero a este recorte salvaje hay que sumar el hecho de que para poder acceder a estos insuficientes 3.000 euros anuales, es necesario que una familia de cuatro miembros no se supere en conjunto el umbral de renta de los 13.909 €.
Es decir, que en cualquier familia en la que cada progenitor ingrese 600 euros al mes quedará excluida del acceso a esta beca, ya que entre los dos superarán los 1.159 euros que como máximo permite el umbral de renta establecido por el Ministerio.
Evidentemente serán muy pocas, por no decir ninguna, las familias que en esta situación se plantearán enviar a sus hijos a la universidad con una beca insuficiente que, por una parte, en pocos meses dejará en el desamparo a su hijo o hija, y que por otra, de no ser superados el 50% de los créditos obligará a una familia de estas características a devolver los al menos 3.000 euros concedidos (más de cinco salarios íntegros de ésta hipotética familia), algo que actualmente ya le está sucediendo a 20.000 estudiantes en el conjunto del Estado.
En la práctica el endurecimiento de los criterios académicos y la reducción de la cuantía de las becas están fomentando que los nuevos estudiantes provenientes de las familias más humildes no se planteen estudiar una carrera ante el pavor de endeudar más a quien ya está golpeado por el paro y los recortes en servicios sociales.
Con esta política de becas y la aprobación de la LOMCE, el Gobierno pretende retrotraer la educación y las condiciones del trabajo de la juventud a los años del franquismo, donde sólo unos pocos tenían buenas condiciones de estudio y trabajo. Pero los jóvenes, que reivindicamos la lucha y las conquistas en derechos sociales de nuestros padres y abuelos no lo vamos a permitir. Por eso salir a luchar es más necesario que nunca. Igual que nuestros padres y abuelos conquistaron en las calles el derecho a una Educación pública de calidad, nosotros vamos a defenderlas.
