Vamos por partes. El supuesto ahorro que se produciría no lo es tanto porque la sra. Cospedal ya les había quitado el sueldo a los diputados. Hace pocos días se discutió en el Congreso la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha. Era una reforma muy simple: reducir el número de diputados a la mitad. Reducir políticos es un argumento que ahora mismo suena bien, mucha gente lo apoya. Incluso el mismo ponente del PP castellano manchego que defendió la reforma apeló de forma reiterada al ahorro en sueldos.
Hasta aquí nada que objetar. Pero cuando empezamos a analizar las verdaderas razones por las que la sra. Cospedal y su partido quieren reducir el número de diputados del Parlamento de su comunidad autónoma, las razones ya no nos parecen tan ingenuamente limpias.
Es más, a medida que analizamos las consecuencias, la evidencia se abre paso con rotundidad: el PP y la sra. Cospedal quieren secuestrar la democracia. Amordazarla, maniatarla, someterla.
Vamos por partes. El supuesto ahorro que se produciría no lo es tanto porque la sra. Cospedal ya les había quitado el sueldo a los diputados. Por tanto, sólo puede dedicarse a la cosa pública aquel que tenga otro sueldo y el tiempo y la disponibilidad suficiente para poder hacerlo.
¿Cómo podría ser diputado una persona que tuviera que ir a su puesto de todos los días? ¿Cuándo podría ejercer con eficacia su condición de representante? ¿De 7 a 10? ¿Los fines de semana? Es evidente que la sra. Cospedal (que llegó a cobrar hasta tres sueldos) tomó esta medida para impedir el acceso al Parlamento autónomo de la gente normal, de los trabajadores, de los autónomos.
Con esto sólo pueden dedicarse a la cosa pública algunos privilegiados que cobran, por ejemplo, del propio partido (como ella). Con esto se quiere volver a los tiempos en que sólo los ricos podían dedicarse a la política.
Y con la reforma que se quiere aprobar se quiere dar una nueva vuelta de tuerca. El supuesto ahorro es, únicamente, una cortina de humo que oculta los verdaderos motivos de esta reforma: perpetuarse en el poder e impedir el acceso de otras opciones al Parlamento. Blindarse -blindar el bipartidismo- y cerrar el camino a la pluralidad. Y si para eso tienen que cambiar las reglas del juego, las cambian. Si para eso tienen que hacer trampas, las hacen sin que les tiemble el pulso. Ya lo hizo el PSOE en la reforma de 2007. O el PP en la reforma de 2012 que aumentaba 4 escaños, hace sólo un año.
Pero con esta verdadera contrarreforma se quiere ir aún más lejos. Se quiere construir una barrera infranqueable que haga imposible la irrupción de nuevas opciones políticas. Si antes, en provincias como Albacete o Guadalajara, la barrera para poder obtener representación se situaba en el entorno del 7%, con este pucherazo la barrera se situará por encima del 16%, lo que hará que las opciones más pequeñas tengan muy difícil obtener representación.
En definitiva, una reforma hecha por tramposos, por tahúres que quieren jugar con las cartas marcadas para poder mantener sus privilegios. Y, lo que es peor, un modelo que, a buen seguro, el PP tiene pensado exportar a otros parlamentos si no somos capaces de impedirlo.
Son momentos cruciales, nos estamos jugando la democracia. Ni más, ni menos.
