¿Cuándo y cómo concluirá por fin la reforma del sistema financiero español? Es una pregunta sencilla que no debería serle difícil contestar a los miembros del Gobierno que se encargan del asunto. Y, sin embargo, visto desde fuera, la impresión que se recibe es bien distinta, hasta el punto de que da la sensación de que nadie conoce todavía la respuesta.
Si fuese cierto, quizá resultase lógico ese incremento imparable del nerviosismo que se detecta en los ciudadanos españoles. Aunque este sólo sea un motivo más, hay que considerar que estamos hablando de algo que va a costar entre 80.000 y 100.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, entre el 8% y el 10% del PIB español de un año.
Para empezar con los despropósitos, y teniendo en cuenta sólo los más recientes, tenemos la última operación bursátil realizada en Bankia que incluye un ‘contrasplit’, para agrupar 100 acciones en una, y una ampliación de capital. Lo cierto es que el diseño parece pensado para el solaz de unos especuladores financieros que se están llenando los bolsillos con pasión en estos días gracias a los ‘agujeros’ del esquema previsto. Y lo hacen, por cierto, una vez más bajo la benevolente mirada de la CNMV, ese supervisor de los mercados bursátiles que, cuando hay lío, suele optar por la opción de ni saber, ni contestar.
Están también esos planes de futuro que se han elaborado para Catalunya Caixa y que, según todo parece indicar, varían en función del día de la semana en que se hable de ellos. Los lunes, miércoles y viernes la entidad va a ser vendida sin un saneamiento previo. Los martes jueves y sábados, sin embargo, se dice justo lo contrario. Y si por la mañana la entidad va a integrarse con Bankia y el resto de las nacionalizadas en un ‘holding’ que dirigirá Goirigolzarri, por la tarde no olvidamos de este selecto grupo y el asunto va de que cada entidad transite en solitario y como pueda ese duro camino que tiene por delante.
También está por decidir el futuro de Novagalicia que, mientras tanto, mantiene activo algo llamado Evo Banco, también con el combustible del dinero de todos los ciudadanos, sin que las autoridades de supervisión tengan, una vez más, nada que decir al respecto. O al menos, aparentemente. Y, por supuesto, unos cuantos flecos sueltos y sudokus sin resolver, en Liberbank, Caja España-Duero y Unicaja y otros tantos enredos más de este inmenso desaguisado en cuya reparación, como decíamos antes, va a ser necesario invertir entre el 8% y el 10% del PIB.
Y, sin nadie lo remedia, sin que nadie sea acusado formalmente de mala gestión, ni se siente en el banquillo de los acusados para enfrentarse ante la justicia de las responsabilidades derivadas de una actuación que tan costosa ha resultado, y va a seguir resultando, para todos los contribuyentes españoles. Quizá habría que pedirle a Europa que, en lugar de solicitar recortes que empeoran aún más la situación de quienes han sufrido los daños de estos desmanes, optase por exigir también condenas y procesos ejemplarizantes para los desalmados, en esos acuerdos que obliga a firmar a los países que rescata.
Aunque nada garantiza que esos olvidadizos alemanes vayan a tomar nota de este asunto, mientras siguen en ese púlpito reciente en el que no hay ni rastro de esos duros momentos de su pasado cercano en los que necesitaron la ayuda del resto de los países de la UE para salir adelante. Ni tampoco de ese periodo, del que no hace ni una década, en el que eran incapaces de cumplir los criterios de convergencia fijados por el Tratado de Maastricht, hasta el punto de que, con la complicidad de los franceses, por supuesto, decidieron que no iba a ser necesario cumplirlo en momentos excepcionales.
