Puede parecer absurdo, pero en los últimos días más del 75% de los diputados del PP han sabido en sus propias carnes que es cierto. Y más que cierto. El haber ganado unas elecciones autonómicas con mayoria absoluta puede ser mucho menos beneficioso que gobernar por los pelos, con la ayuda de un partido nacionalista dispuesto a cambiar de bando si no se atienden sus demandas.
Esto es lo que ha pasado con las partidas presupuestarias incialmente previstas para Aragón, Valencia y Baleares, porque para salvar el poder compartido que Luisa Fernanda Rudi ejerce en Aragón ha habido que pagar al PAR, el socio de gobierno del PP, con 65 millones de euros adicionales. Y buena parte de ellos provienen de recortes aplicados a las ya de por sí escasas aportaciones que iban a recibir las comunidades presididas por José Ramón Bauzá y Alberto Fabra.
El problema añadido es que algunos colectivos empresariales y áreas de intereses creados que han sustentado al PP y han colaborado decisivamente a su ascenso empiezan a estar seriamente enfadados con la situación. Y a ellos, precisamente a ellos, no se les puede engañar con las cantinelas de la herencia recibida y los despilfarros de Zapatero.
Ese argumentario es, como saben muy bien en Génova, carnaza para votantes indocumentados, pero no les funciona en clave interna, y mucho menos frente a las élites económicas locales que montaron las redes clientelares sobre las que se han fraguado los últimos triunfos en las urnas.
Hay mucho malestar. Especialmente en Valencia, donde los empresarios, que saben muy bien lo que ha pasado y están al corriente de los motivos reales de la sequía de dinero empiezan a organizarse para presentar la reclamación correspondiente. Con factura incluida.
Y, en ese monumental ¿qué hay de lo mío? que se avecina, no parece fácil que ni siquiera si se entrega la cabeza de Montoro a los leones sea posible parar las previsibles hostilidades. Con otra dificultad añadida. Aquella de que pagar el préstamo de los 24.000 millones de euros que le van a tocar a Bankia con el dinero de todos los ciudadanos es una cosa, pero quitarles las ‘subvenciones’ a los colegas es otra.
Rajoy ha empezado a traspasar la línea roja. Y ese puede ser el principio de un fin que sus enemigos mortales Esperanza Aguirre y Francisco Camps están dispuestos a acelerar en la medida de sus posibilidades.
