Eduardo Villanueva, el concejal popular del Ayuntamiento de Burgos recién subido a la picota, debe reunir múltiples cualidades políticas pero ninguna que permita calificarlo de parco en palabras y comedido en el gasto Al menos por teléfono. En los últimos meses, el edil, que para mayor incongruencia funge de concejal de nuevas tecnologías y patrimonio municipal, se ha gastado 217.000 euros de curso legal en conversaciones telefónicas sólo Dios sabrá con qué argumentos. Un pastón, apostillaría un castizo después de superar la sorpresa que semejante cifra causa a cualquier mortal.
Usó, fácil resulta sospecharlo, un móvil del Ayuntamiento, organismo que, a pesar de estar canino, como todos sus congéneres, parece que pagó a tocateja, tirando de los fondos concedidos por el ministerio de Hacienda para hacer frente a las urgencias más imperiosas de las obligaciones y deudas municipales. Para que luego digan que en algunos negociados de las administraciones retienen de por vida las facturas que muchos proveedores no ven forma de cobrar en un cajón recubierto de polvo. Seguramente en la rápida exhumación de esta influyó, no lo sé con certeza, proceder del concejal de patrimonio.
No es la primera vez que un usufructuario de un cargo público se funde la pasta que apoquinamos los ciudadanos a las haciendas municipales dándole a la de sin hueso o deleitándose con los servicios de una asistencia porno de emergencia. Ignoro si ha sido parte del caso así que si alguien lo sospecha, por mí desmentido queda, al menos de momento. Lo que más me sorprende de la factura telefónica del concejal burgalés es la capacidad de sus cuerdas vocales para aguantar sin secarse y, de paso, la disponibilidad de tiempo que don Eduardo, supuestamente muy ocupado en sus labores concejiles, demostró.
Porque, no nos engañemos, semejante factura telefónica requiere además de mucha, muchísima labia, un uso del móvil que, en mi modesta experiencia, no hay oreja que lo resista.