Las 400.000 personas que hace ahora más o menos diez meses salieron de su sucursal de toda la vida, la de confianza, convertidos en ‘bankeros’ son ahora los dueños de un cadáver que cada vez huele peor. Nunca, desde que Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, sus acciones cerraron una sola sesión por encima del precio del debut, pero tras la marcha de Rodrigo Rato la situación se ha agravado de forma dramática.
Los títulos de la entidad se han desplomado un 40% desde entonces -sólo ha pasado una semana y media-. Es decir, que aquel que hubiera invertido 10.000 euros en Bankia el viernes 4 de mayo, antes de que se desatara la crisis, habría perdido ya 4.000 euros –y lo que está por venir- porque a pesar de los continuos rumores como la fuga de depósitos, los cambios en la cúpula directiva, el anuncio de la entrada del Estado en su matriz (BFA) o el rechazo de Deloitte a auditar sus cuentas no han sido motivos suficientes, según la CNMV, para suspender su cotización. Alguien tendrá que dar cuenta de este disparate.
Durante estos nueve días, los accionistas minoritarios de Bankia (clientes y empleados de la propia entidad) han vendido sus acciones en masa, algo que ha contribuido sin duda al desplome del valor. Pero durante este periodo el sector financiero en su conjunto también ha vivido –y vive- su propio ‘vía crucis’.
Los constantes rumores de recortes de rating o de inminentes inyecciones de fondos de Europa, por citar algunos ejemplos, son una constante día tras día. No hay confianza, dicen. Desde luego no la tiene ni el propio Gobierno, que como paso previo para intentar arreglar las averías de los bancos españoles va a fichar a unos ‘expertos independientes’ que valoren los daños.
Dicho de otro modo, el Ejecutivo no confía en los técnicos del Banco de España, ni en el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni en la CNMV. Se fía más de empresas como Blackrock, controlada por fondos estadounidenses y Barclays, que tiene inversiones en Moody’s, Standard & Poor’s.
La industria financiera que originó la actual crisis, que dura ya cinco años, será a la que Luis De Guindos otorgará la responsabilidad para valorar los activos de los bancos españoles y las posibles pérdidas causadas por su exposición al sector inmobiliario.
