Lenta, pero inexorablemente, empieza a filtrarse por las columnas de algunos comentaristas, los comentarios y los post de los lectores de algunos artículos y las conversaciones cotidianas de muchos ciudadanos, la certeza de que, al menos la mayoría de los españoles, no vivió, ni mucho menos, por encima de sus posibilidades, en los exuberantes años de formación de la gran burbuja financiera que los expertos sitúan en el origen de la crisis actual.
Es más, empieza a saberse, casi con exactitud quién, cómo y por qué vivió en un paraíso artificial en el que el dinero, público o de las cajas de ahorro ahora quebradas, fluía sin freno desde los impuestos pagados por todos los españoles hacia las cuentas corrientes de unos pocos que, de momento, ni están en la cárcel, ni han devuelto un céntimo.
Y también empieza a oírse ya el inicio de un clamor que vendrá. El que pide a los jueces, los fiscales y demás encargados de impartir justicia que hagan su trabajo, encarcelen a los culpables de la estafa y recuperen lo robado. Esa es la tarea por la que cobran y también la responsabilidad que se desprende de su existencia como uno de los tres poderes del Estado.
