Las gamberradas por pesadas y peligrosas que resulten pueden salir baratas, más bien a precio de saldo, si se cometen en la hermosa ciudad de Baeza, en Jaén, y luego las condena el Juzgado número tres de lo Penal de Jaén, cuya benevolencia es de esperar que no siente jurisprudencia.
En el verano de 2004, que ya cayeron unos cuantos chaparrones, un sujeto de cuya identidad para mayor condescendencia sólo han trascendido sus iniciales, M.P.G, aprovechó la alegría nocturna de las fiestas patronales para abandonar sus funciones de controlador de seguridad del centro de salud para ejercer su vocación irrefrenable de pirómano.
En pocas horas, sin darles tregua a los bomberos del pueblo, intentó incendiar un camión que se hallaba aparcado cerca del ferial, un colegio público y el propio ambulatorio. M.P.G. no debía ser muy diestro en el manejo de las cerillas porque sus reiterados intentos por causar pánico y destrozos, si es que no víctimas, se quedó en humaredas, simples sustos, carreras alocadas ante las sirenas del cuerpo encargado de frenar los incendios, y en los consiguientes comentarios alterados por los nervios de los vecinos que no salían de su asombro ante semejante comportamiento.
Cuando el interfecto fue detenido, procesado y juzgado sin especial prisa, la verdad es que todo se quedó en muy poca cosa, tan poca que no parece que vaya a servir de disuasión para sus instintos ni para otros pirómanos en potencia.
M.P.G. tendrá que pagar unas pequeñas cantidades por los daños materiales causados, y, a cambio del placer de disfrutar del mal causado y de olor a chamusquina, una multa de ¡ochenta euros! Exactamente ochenta, bastante menos de lo que cuesta atender unos segundos una llamada del móvil conduciendo o pasarse unos kilómetros, pocos, la velocidad máxima cuando se circula por una autopista. Luego nos sorprende que cada verano nuestro país acabe calcinado por los incendios forestales que, como es bastante bien sabido, suelen ser intencionados en su mayor parte.
